Tras anuncio de un aumento de sueldo significativo, la protesta policial se disolvió
De esta manera el conflicto se descomprimió en su totalidad. El gobernador Pullaro reconoció que se trató de un reclamo justo y no habría sanciones para los incitadores.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó una conferencia de prensa este miércoles por la tarde en la Sala Walsh de la sede de Gobierno en Rosario para anunciar una profunda reforma en la estructura de ingresos de la Policía provincial. La decisión del mandatario se produjo luego de tres jornadas de extrema tensión marcadas por un acuartelamiento que afectó a la seguridad pública en diversos puntos del territorio santafesino. Durante su alocución, Pullaro calificó la protesta de los efectivos como un reclamo justo y genuino que requería una respuesta inmediata por parte del Estado, por lo que decidió implementar mediante decreto un esquema salarial que no solo recompone el poder adquisitivo frente a la inflación, sino que además establece incentivos específicos según la zona de servicio y la peligrosidad de la tarea asignada.
El nuevo esquema establece que ningún integrante de la fuerza provincial percibirá un salario inferior a 1.350.000 pesos mensuales. Esta cifra constituye el piso garantizado para el personal técnico y administrativo, así como para quienes cumplen funciones en la central de emergencias 911. El gobernador detalló que para alcanzar estos valores se procedió a la incorporación de una garantía de canasta básica y a un aumento significativo en la denominada Tarjeta Alimentaria Policial. Para aquellos agentes que se desempeñan en funciones netamente operativas, el sueldo básico garantizado ascenderá a 1.438.835 pesos, marcando una clara diferencia con el personal que no realiza tareas de calle o patrullaje preventivo.
Uno de los puntos más destacados de la medida es la implementación de suplementos estratificados de acuerdo con la conflictividad social de cada localidad. Pullaro explicó que se ha definido un plus de 500.000 pesos para los suboficiales que prestan servicio en ciudades como Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria o Santo Tomé. Esta política busca compensar el mayor riesgo y la carga de estrés que enfrentan los uniformados en los principales centros urbanos de la provincia, llevando el ingreso total de un agente de calle en estas zonas a un monto de 1.938.835 pesos mensuales a partir de febrero.
La escala salarial presentada también contempla el riesgo específico que asumen quienes están a cargo de los vehículos oficiales. El mandatario santafesino puntualizó que si un policía además de patrullar en zonas de alta violencia cumple el rol de chofer del móvil, su remuneración total alcanzará a 2.188.835 pesos. Esta distinción apunta a reconocer la responsabilidad legal y física que conlleva el manejo de patrulleros en situaciones de emergencia. En la misma línea, el personal perteneciente a cuerpos especiales como el Comando Radioeléctrico o la Guardia de Infantería percibirá haberes de 2.084.000 pesos, cifra que se elevará a 2.334.535 pesos en caso de que el efectivo también tenga la función de conducir la unidad.
Finalmente, el gobernador enfatizó que a pesar de que la economía nacional no muestra señales de crecimiento, su administración realizó el máximo esfuerzo fiscal posible para garantizar que los sueldos policiales se mantengan por encima de los niveles de inflación. El objetivo primordial de esta medida es profesionalizar la fuerza y asegurar que el personal cuente con los recursos necesarios para dedicarse exclusivamente a la prevención del delito, desactivando así el conflicto que mantuvo en vilo a la ciudadanía y restableciendo de manera plena los servicios de patrullaje en toda la provincia.
El acuartelamiento, que comenzó de forma incipiente en algunas unidades regionales y se extendió rápidamente, puso en jaque la paz social de Santa Fe. Durante tres días, la presencia policial fue mínima, siendo reemplazada en puntos estratégicos por fuerzas federales que, no obstante, resultaron insuficientes para cubrir el patrullaje preventivo.
Con la firma del decreto y el anuncio de estos montos, las diversas agrupaciones que nuclean a los efectivos (algunas informales debido a la prohibición de sindicalización) comenzaron a levantar las medidas de fuerza. Se esperaba que para la medianoche de este miércoles, el 100 % de las unidades operativas y las comisarías de las 19 unidades regionales estuvieran funcionando a pleno.
El mensaje de Pullaro fue una mezcla de pragmatismo económico y respaldo político. Al calificar el reclamo como "justo", el gobernador evitó las sanciones masivas que se rumoreaban en el inicio del conflicto y optó por una salida que lo posiciona como un administrador capaz de escuchar, pero también de exigir resultados: a partir de ahora, con salarios que en muchos casos duplican a los anteriores, la exigencia ciudadana por seguridad será, sin dudas, mucho más alta.