El Poder Judicial comenzó a adaptar su estructura para aplicar la Ley de Narcomenudeo
Los dos ministros penalistas del Superior Tribunal de Justicia encabezaron un encuentro virtual con magistrados y personal forense. La ley prevé la creación de un fuero específico.
Corrientes prepara su estructura judicial para el desembarco de la Ley de Narcomenudeo. En una cumbre clave encabezada por lo ministros del Superior Tribunal de Justicia Alejandro Chaín y Eduardo Panseri, jueces de Garantías de toda la provincia y especialistas forenses trazaron la hoja de ruta para la implementación de la competencia provincial en delitos de drogas. El plan incluye visitas a provincias vecinas y un estricto control sobre la custodia de estupefacientes.
La provincia de Corrientes ha iniciado formalmente la transición hacia un nuevo paradigma en la lucha contra el tráfico de drogas a pequeña escala. Este miércoles 11 de febrero de 2026, el Poder Judicial marcó un hito con la realización de la primera reunión de trabajo de cara a la implementación de la Ley de Narcomenudeo, un encuentro que sentó las bases operativas para que los jueces provinciales asuman causas que, hasta hace poco, eran competencia exclusiva del fuero federal.
El encuentro, desarrollado de manera virtual a través de la plataforma Zoom, fue liderado por los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Alejandro Chaín y Eduardo Panseri. La convocatoria logró reunir a la totalidad de los jueces de Garantías de la Capital y del interior provincial, junto al decano del Instituto Médico Forense (IMF), el doctor José Luis Gálvez, evidenciando que la "provincialización" de estos delitos es una prioridad en la agenda pública actual.
Uno de los puntos centrales del debate fue el rol proactivo que deberán asumir los magistrados en las audiencias vinculadas a investigaciones por narcomenudeo. Bajo el sistema acusatorio vigente en Corrientes, la celeridad es la regla, y el tratamiento de causas por estupefacientes exige una precisión técnica superior para evitar nulidades procesales.
Los ministros Chaín y Panseri enfatizaron que la articulación institucional no es solo una opción, sino una necesidad. La eficacia del sistema dependerá de que el diálogo entre el juez, el fiscal y los peritos forenses sea fluido y esté respaldado por protocolos estandarizados. Se busca evitar que el sistema judicial se vea desbordado por el volumen de causas que suelen generar los búnkeres de venta minorista, garantizando que cada procedimiento resulte en una decisión judicial sólida y oportuna. La intervención del Instituto Médico Forense fue quizás la más técnica y reveladora del encuentro. El doctor José Luis Gálvez expuso los retos logísticos que implica para la estructura provincial el manejo de sustancias ilícitas.
Tradicionalmente, la logística de las sustancias incautadas recaía en las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura o Policía Federal). Ahora, con la Ley de Narcomenudeo, la Policía de Corrientes y el cuerpo forense local deberán perfeccionar sus mecanismos de
recolección y preservación de evidencias: evitar la contaminación de las muestras desde el momento del allanamiento.
Almacenamiento de sustancias: la creación de depósitos de alta seguridad para el resguardo de estupefacientes incautados hasta su destrucción final.
Se discutió el tratamiento de personas consumidoras que se ven involucradas en delitos menores, diferenciando claramente entre el eslabón comercial de la red de tráfico y la problemática de salud pública que subyace en los barrios.
Corrientes no busca "inventar la rueda". Por ello, durante la reunión se propuso formalmente realizar visitas institucionales a las provincias del Chaco y Entre Ríos. Ambas jurisdicciones cuentan con años de experiencia en la aplicación de leyes de narcomenudeo y han atravesado procesos similares de adaptación.
El objetivo de estas misiones será observar en territorio cómo se gestionan los depósitos de droga, cómo se articulan los laboratorios de toxicología y cuál ha sido el impacto real en la seguridad ciudadana tras la provincialización del delito. "Conocer los errores y aciertos de nuestros vecinos nos permitirá ahorrar tiempo y recursos", señalaron fuentes cercanas al STJ.
Para complementar esta fase de diagnóstico, el Poder Judicial implementará instancias de capacitación específica para magistrados y operadores del sistema. El narcomenudeo no es solo "una ley nueva", sino que requiere conocimientos químicos básicos, comprensión de las nuevas modalidades de corte y estiramiento de drogas, y una interpretación actualizada de la jurisprudencia en materia de derechos humanos y salud mental.
La reunión del miércoles fue apenas el primer paso de un largo camino. Sin embargo, la señal política y judicial es clara: Corrientes se encamina a un control más territorial y directo sobre los kioscos de droga. La presencia de los ministros del STJ garantiza que el proceso contará con el respaldo presupuestario y reglamentario necesario para que la transición no sea traumática.
La implementación de la Ley de Narcomenudeo representa un cambio de escala. Mientras la Justicia Federal seguirá persiguiendo a las grandes organizaciones criminales y el tráfico transnacional, la Justicia provincial se encargará de "limpiar" el barrio. El éxito de esta estrategia dependerá, según se concluyó en el encuentro, de que el juez de Garantías, el perito y el policía hablen el mismo idioma técnico y procesal.