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TRIBUNAL DE CAPITAL 

Comenzó el segundo juicio a policías por la muerte de Lautaro Rosé 

Un grupo de agentes es juzgado nuevamente por el hecho sucedido en 2021 en la costanera Sur. El anterior había sido anulado. 

Comenzó ayer en la ciudad de Corrientes el segundo juicio oral y público por la muerte de Lautaro Rosé luego de que el primer proceso fuera anulado por problemas en el cumplimiento de los plazos pautados de audiencias debido a la licencia por enfermedad de una de las juezas. El joven correntino perdió la vida en aguas del río Paraná en noviembre de 2021, en un contexto que la Justicia investiga como un accionar negligente y violento por parte de las fuerzas de seguridad provinciales.

EPÍGRAFE: EL JUICIO SE REALIZA EN LA SEDE DE LOS TRIBUNALES DEL EDIFICIO PATONO. 

El Tribunal encargado de juzgar la conducta de los efectivos policiales está presidido por la jueza Ana del Carmen Figueredo, quien se encuentra acompañada por los vocales Darío Alejandro Ortiz e Ignacio Dubrez. En esta primera jornada, la atención se centró en la apertura del debate y la recepción de los primeros testimonios. Según el cronograma previsto, para este día se aguarda la declaración de tres testigos, una pequeña fracción del extenso listado que oscila entre los 26 y 28 declarantes que pasarán por la sala de audiencias a lo largo de las próximas semanas. La acusación pública es sostenida por el fiscal Carlos Lértora, mientras que la querella, que representa los intereses de la familia de la víctima, es llevada adelante por el abogado Hermindo González.

En el banquillo de los acusados se encuentran seis integrantes del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) de la Policía de Corrientes: Carlos Prieto, Juan Aveiro, Sergio Iván Barberán, Omar Aguirre, Maximiliano Romero y Vicente Pruyas. Los uniformados enfrentan cargos sumamente graves que incluyen el delito de abandono de persona agravado por el resultado muerte, el cual estipula una escala penal de 5 a 15 años de prisión. Asimismo, se les imputan los delitos de severidades, con penas de 1 a 5 años, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, que contempla de 1 a 2 años de reclusión. La sumatoria de estas figuras legales refleja la complejidad de una causa donde no solo se juzga la omisión de auxilio, sino también el trato degradante y la falta de transparencia en el ejercicio del deber.

La reconstrucción de los hechos nos traslada a la madrugada del 7 de noviembre de 2021, en la zona ribereña de la Capital correntina. De acuerdo con la investigación fiscal, Lautaro Rosé se encontraba junto a un amigo cuando ambos comenzaron a ser perseguidos por personal policial. La persecución llevó a los jóvenes a una situación de encierro contra la costa, lo que los obligó a lanzarse a las aguas del río Paraná en un intento desesperado por escapar. Lautaro, quien no poseía conocimientos de natación, comenzó a dar señales de auxilio de manera inmediata. Los testimonios y pruebas recolectadas indican que los agentes, lejos de intervenir para rescatar al joven, habrían efectuado disparos al aire por encima de su posición mientras este luchaba por su vida, incrementando el terror de la víctima en sus últimos instantes.

El expediente judicial detalla además un comportamiento posterior que agrava la situación de los imputados. Se sostiene que los policías se retiraron del lugar sin reportar el incidente ni solicitar asistencia médica o de rescate. Por el contrario, habrían agredido físicamente al amigo de Lautaro, quien logró salir del agua, amenazándolo para que guardara silencio sobre lo ocurrido. La ausencia de actas oficiales sobre el operativo realizado aquella noche es interpretada por la querella como una maniobra deliberada de encubrimiento. El desenlace fatal se confirmó tres días después, cuando el cuerpo sin vida de Lautaro fue hallado por sus propios amigos, quienes no habían cesado la búsqueda en la misma zona donde desapareció.

Este juicio representa un hito para la Justicia correntina, dado que el caso generó una profunda conmoción social y movilizaciones exigiendo el esclarecimiento de los hechos. El proceso judicial que se inicia hoy permitirá deslindar las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados en una causa que ha puesto bajo la lupa los protocolos de intervención de las fuerzas especiales y la protección de los derechos ciudadanos en el espacio público.

DATO: El proceso tiene a los agentes acusados del delito de abandono de persona seguido de muerte y apremios ilegales.