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CRISIS INDUSTRIAL Y LABORAL

Emilio Alal pidió concurso preventivo y la textilera quedó en manos de la Justicia

Tras el cierre de sus plantas en Goya y Villa Ángela y las medidas autosatisfactivas impulsadas por trabajadores despedidos, La empresa solicitó la apertura del proceso ante un juzgado de Reconquista.

La crisis que atraviesa la centenaria firma textilera de Goya Emilio Alal Sacifi sumó un nuevo capítulo judicial. Luego del cierre de sus plantas de Goya, Corrientes, y de Villa Ángela, Chaco, a finales de enero pasado y en medio de reclamos y presentaciones impulsadas por trabajadores despedidos, la firma solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores ante el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. La decisión final ahora quedó en manos de la Justicia.

LOS DUEÑOS DE LA TEXTILERA GOYA, QUE TIENEN DOMICILIO COMERCIAL EN LA CIUDAD DE RECONQUISTA, INSISTEN EN QUE NO TIENEN RECURSOS PARA ABONAR LAS INDEMNIZACIONES Y COMO UN MODO DE GANAR TIEMPO SOLICITARON LA APERTURA DE SU CONCURSO PREVENTIVO DE ACREEDORES ANTE EL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.

La empresa Emilio Alal, con domicilio comercial en la ciudad de Reconquista, argumentó una imposibilidad de afrontar sus deudas en el contexto actual y pidió formalmente el inicio del proceso concursal. El expediente recayó en el Juzgado Civil y Comercial de la 1ª Nominación de Reconquista, a cargo del juez Franco Raschetti, quien deberá resolver si admite o no la apertura del concurso.

Según trascendió en ámbitos judiciales, en una primera instancia el magistrado había requerido que la firma completara documentación considerada indispensable para evaluar la procedencia del planteo. Esa información ya fue presentada por la empresa, por lo que el trámite quedó en condiciones de ser resuelto en los próximos días. La expectativa es alta tanto entre los acreedores como entre los ex empleados que aguardan definiciones.

De ser admitido el concurso preventivo, la empresa iniciará formalmente un proceso de reordenamiento de pasivos bajo supervisión judicial. Este mecanismo, previsto en la legislación argentina para situaciones de cesación de pagos, permite a la firma negociar con sus acreedores un acuerdo que contemple quitas, esperas o planes de pago, con el objetivo de evitar la quiebra y sostener la continuidad de la actividad.

Sin embargo, el escenario dista de ser sencillo. El pedido de concurso llega después de semanas de fuerte tensión social en Goya, donde el cierre de la planta dejó a 260 familias sin su principal fuente de ingresos. Trabajadores despedidos habían impulsado medidas autosatisfactivas ante la Justicia laboral en busca de respuestas inmediatas frente a la falta de pago de indemnizaciones y salarios adeudados. Esas acciones judiciales buscaban garantizar derechos básicos en un contexto de incertidumbre creciente.

El impacto económico en la región fue inmediato. La planta de Goya representaba no solo empleo directo sino también movimiento para proveedores, talleres, transportistas y comercios vinculados a la cadena textil. La paralización de la actividad profundizó un escenario ya complejo para el sector industrial, atravesado por caída del consumo, aumento de costos y dificultades para sostener la competitividad.

En Villa Ángela la situación fue similar. El cierre de la planta chaqueña replicó el esquema de despidos y paralización productiva, generando preocupación en una localidad donde la industria textil constituye un motor clave de la economía regional.

Ahora, el foco está puesto en la resolución judicial. Si el juez Raschetti admite la apertura del concurso, se abrirá una etapa de verificación de créditos y negociación con acreedores que incluirá tanto a proveedores como a trabajadores. En ese marco, los ex empleados podrían presentarse como acreedores laborales, con privilegios reconocidos por la ley concursal, aunque ello no garantiza una solución inmediata.

Para la empresa, el concurso representa una herramienta para intentar ganar tiempo y ordenar su situación financiera. Para los trabajadores y las comunidades afectadas, en cambio, es una instancia cargada de incertidumbre: el interrogante central es si existirá un plan real de reactivación o si el proceso será apenas el paso previo a una eventual quiebra.

El desenlace dependerá ahora de la evaluación judicial sobre la documentación presentada y la viabilidad del planteo. Mientras tanto, en Goya y en Villa Ángela persiste la preocupación por el futuro de una firma que durante años formó parte del entramado productivo regional y que hoy enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia.