Unificación de las causas y el complejo elenco de los imputados
La Justicia ha decidido unificar dos investigaciones que corrieron por carriles distintos en un solo juicio oral. Esta decisión se fundamenta en que los hechos y las pruebas están estrechamente vinculados, y busca evitar la división de competencias que podría entorpecer el proceso. En total, hay 17 personas procesadas que se dividen en dos grupos claramente diferenciados por sus supuestos roles en la trama.
El primer grupo está compuesto por siete personas acusadas directamente de la sustracción y el ocultamiento de Loan. Entre ellos se encuentran Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña (tía del niño), la ex funcionaria María Victoria Caillava y su esposo, el ex capitán de navío Carlos Guido Pérez. También figuran Daniel Oscar Ramírez, su pareja Mónica del Carmen Millapi y el ex comisario Walter Adrián Maciel, este último imputado como partícipe necesario. Para estos acusados, el Código Penal contempla penas que oscilan entre los 5 y 15 años de prisión.
El segundo grupo de diez imputados corresponde a una investigación paralela que surgió semanas después de la desaparición. Estas personas, que se presentaron en la localidad como supuestos integrantes de una asociación contra la violencia infantil, están acusadas de maniobras destinadas a desviar la investigación oficial. Entre los delitos que se les atribuyen figuran la privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, estafa a la administración pública y usurpación de títulos profesionales. Los nombres incluidos en este tramo de la causa son Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.
La audiencia de mañana se perfila como el paso administrativo final antes de que los 17 acusados se sienten en el banquillo. La sociedad y la familia del niño esperan que el debate oral permita finalmente esclarecer qué sucedió en aquel naranjal de 9 de Julio y, sobre todo, determinar el paradero de Loan Danilo Peña. La transmisión pública del evento garantiza la transparencia en un proceso que ha generado una profunda sensibilidad social y que ha puesto bajo la lupa el accionar de las fuerzas de seguridad y las instituciones judiciales de la provincia de Corrientes.