Desbarataron una curtiembre ilegal y confiscaron pieles de todo tipo  

En un contundente golpe contra la explotación ilegal de recursos naturales y el procesamiento clandestino de subproductos animales, la Policía de la Provincia de Corrientes logró desmantelar una curtiembre que operaba al margen de toda normativa legal en la localidad de Mercedes. El procedimiento, informado ayer por la fuerza de seguridad, se destacó por su magnitud y por la diversidad de especies involucradas ha sido el resultado de una minuciosa tarea de investigación judicial que culminó con el allanamiento de un establecimiento estratégico ubicado sobre la Ruta Nacional 119. 

Este operativo no solo pone de manifiesto las irregularidades administrativas de ciertos sectores comerciales, sino que también enciende las alarmas sobre el impacto ambiental y la procedencia de la materia prima en una zona de alta sensibilidad ecológica, donde la fauna silvestre es protegida como un patrimonio invaluable de la biodiversidad regional.

La intervención fue ejecutada por efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Mercedes, quienes contaron con el apoyo operativo de la Comisaría Primera de la misma ciudad. Dada la naturaleza técnica del hallazgo, resultó fundamental la participación del médico veterinario policial, cuya función fue determinar el estado sanitario y la identificación taxonómica de los restos animales encontrados en el predio. La orden de allanamiento, librada en el marco de un legajo de investigación judicial en trámite, permitió el ingreso a un galpón de grandes dimensiones propiedad de un hombre mayor de edad. Una vez en el interior, los uniformados se toparon con una infraestructura montada para el procesamiento industrial de pieles, la cual carecía de cualquier tipo de habilitación otorgada por los organismos municipales, provinciales o nacionales competentes, representando un riesgo tanto para la salud pública como para el equilibrio del ecosistema local debido al manejo de químicos peligrosos.

El inventario de lo incautado es verdaderamente alarmante por su volumen y variedad. Durante la requisa el personal policial procedió al secuestro de más de 600 cueros. Entre el material decomisado se identificaron pieles de ganado menor, como ovinos y caprinos, pero lo que generó mayor preocupación fue la presencia de cueros de especies protegidas o sujetas a estrictos controles de caza y comercialización. Se hallaron restos de búfalos, carpinchos y ejemplares de yacaré. Respecto a estos últimos, los investigadores notaron que varios cueros contaban con la caravana identificatoria obligatoria que otorga la Dirección de Recursos Naturales, mientras que otros carecían totalmente de precintos legales, lo que sugiere un origen vinculado directamente a la caza furtiva o al tráfico irregular de fauna silvestre en los esteros y bañados de la zona.

El estado de los materiales encontrados era diverso y evidenciaba una cadena de producción completa: algunos ya habían pasado por el proceso de curtido definitivo y estaban listos para su distribución o manufactura, mientras que una gran parte se encontraba todavía en etapas intermedias de tratamiento químico, sumergidos en piletones o en proceso de secado al aire libre. Esta situación confirma que el sitio no era un simple depósito, sino que funcionaba como un centro de acopio y procesamiento activo con una capacidad de producción considerable, operando en las sombras para abastecer mercados informales. El uso de sustancias para el curtido sin tratamiento de efluentes es uno de los puntos que los peritos ambientales evaluarán con severidad, dado que estos procesos suelen liberar metales pesados y otros contaminantes al suelo y a las napas freáticas, detallaron los informantes.

Ante la gravedad de los hechos, la falta de documentación que acredite la procedencia legal de los animales y la imposibilidad absoluta de garantizar la trazabilidad sanitaria de los productos, el fiscal rural interviniente tomó una decisión drástica para evitar que estos elementos reingresen al circuito comercial ilegal y para sentar un precedente en la lucha contra el comercio clandestino de fauna, determinando que el riesgo biológico y legal de mantener estas piezas era inasumible para el Estado.

Por disposición de la autoridad judicial, la totalidad de los 600 cueros secuestrados será sometida a un proceso de desnaturalización correspondiente mediante incineración, asegurando así la destrucción total de la mercadería prohibida y evitando cualquier tipo de aprovechamiento económico posterior derivado del delito. Mientras tanto, el propietario del galpón, cuya identidad se mantiene bajo reserva por el proceso de instrucción, queda sujeto a las actuaciones legales correspondientes. El hombre enfrenta posibles cargos por infracción a las leyes de protección de fauna silvestre, falta de habilitación comercial, violación de normas de sanidad animal y riesgos ambientales severos.