Corte Suprema de la Nación ordenó unificar los expedientes del caso Generación Zoe
El máximo tribunal del país dispuso que se centralice la pesquisa contra Leonardo Cositorto y sus adláteres, quienes ya han recibido sentencias en Corrientes y Salta.
El laberinto judicial de Generación Zoe, el holding liderado por Leonardo Cositorto (quien aún permanece alojado en una de las cárceles de las afueras de la ciudad de Corrientes), ha dado un paso decisivo hacia su resolución integral. En un fallo de alta trascendencia institucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la unificación de dos de las causas más voluminosas que pesaban sobre la estructura societaria, ordenando que el Juzgado Federal N°12 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del magistrado Julián Ercolini, concentre los expedientes por fraudes financieros y asociación ilícita.
Esta determinación del máximo tribunal no es meramente administrativa; representa una victoria para la estrategia de la procuración, que buscaba evitar la dispersión de pruebas y sentencias contradictorias en un entramado delictivo que captó fondos de miles de ahorristas en todo el territorio nacional. La decisión judicial centraliza las investigaciones sobre una organización que, bajo el barniz de la educación emocional y el coaching ontológico, operó lo que la Justicia define como una de las estafas piramidales más sofisticadas de la última década.
El núcleo de la investigación que ahora comanda Ercolini se nutre de dos vertientes que anteriormente se tramitaban en fueros distintos. La primera de ellas proviene del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, donde la jueza Liliana Alliaud ya había dado pasos firmes al procesar a Cositorto como jefe de una asociación ilícita responsable de 1.095 hechos de estafa. La instrucción determinó que el grupo diseñó una fachada de prosperidad corporativa inigualable, ofreciendo desde cursos de trading y liderazgo hasta inversiones inmobiliarias y supuestos activos digitales respaldados por minas de oro cuya existencia física nunca pudo ser acreditada fehacientemente por la Justicia.
La segunda vertiente, que hasta hace poco se encontraba en el fuero penal económico, aborda la oferta pública e intermediación financiera irregular en el mercado de capitales. Este expediente cobró impulso tras la denuncia de Julieta Petracchi, quien relató cómo fue captada en diciembre de 2021 para invertir tres mil dólares en un proyecto edilicio vinculado a la firma. Tras recibir un único retorno de cien dólares, el flujo de dinero se cortó abruptamente, revelando el modus operandi de la organización: utilizar a terceros para captar capital fresco que alimentara un circuito de beneficios ficticios.
A pesar de esta centralización en Buenos Aires, el historial delictivo de Cositorto, alojado en la Unidad Penal 6 de San Cayetano, ya cuenta con hitos condenatorios en el interior del país. En la provincia de Corrientes, el Superior Tribunal de Justicia ratificó recientemente la sentencia dictada en la ciudad de Goya confirmando una pena de 12 años de prisión efectiva para el líder de Zoe. En el mismo fallo se validaron las condenas de ocho años para sus principales lugartenientes: Maximiliano Javier Batista, Miguel Ángel Echegaray y Lucas Damián Camelino. Todos ellos fueron hallados responsables de asociación ilícita y estafas reiteradas en modalidad continuada.
El panorama para Cositorto es asfixiante. A la condena firme en Corrientes se suma una sentencia de igual magnitud en Salta, mientras enfrenta procesos abiertos en Santa Fe y, fundamentalmente en Córdoba, donde se radica la causa de mayor volumen de damnificados debido a la fuerte penetración que Generación Zoe tuvo en la localidad de Villa María.
BURBUJA CRIPTO
La resolución de la Corte Suprema permite ahora que el juez Ercolini analice la maniobra de forma macroscópica. Se investiga no solo la estafa individual al ahorrista, sino la estructura societaria compleja que permitió mover millones de dólares fuera del radar de los organismos de control. Los peritos contables trabajan sobre los flujos de criptoactivos y las transferencias internacionales, buscando rastrear el destino final de los fondos que desaparecieron cuando la burbuja estalló a principios de 2022.