La CGT se presentó ante la Justicia para frenar la reforma laboral

Luego de la sanción definitiva de la reforma laboral en el Senado el pasado viernes, la Confederación General del Trabajo (CGT) retomó ayer su plan de lucha con una doble estrategia: una fuerte ofensiva en los tribunales y una movilización de "respaldo". A partir de las 11:00 de la mañana, dirigentes y delegados sindicales se concentraron en la Plaza Lavalle, frente a Tribunales, donde la conducción presentó un recurso para que se declare la "inconstitucionalidad" de la ley ante el fuero Laboral y el Contencioso Administrativo, aun cuando la norma todavía no fue promulgada. A esta altura, el objetivo de la cúpula cegetista es obtener medidas cautelares que suspendan los efectos de la ley, utilizando una "doble vía" que incluye presentaciones tanto en el fuero laboral como en el contencioso administrativo. "Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional", afirmó Jorge Sola, secretario de Prensa.

De hecho, el equipo jurídico de la central, asesorado por constitucionalistas de renombre, apunta contra artículos que consideran violan derechos fundamentales. Según pudo conocerse, la presentación sostiene que la reforma avanza sobre el carácter "protectorio" de la legislación laboral vigente y vulnera el principio de progresividad de los derechos sociales. Para la central, el nuevo esquema implica un retroceso respecto de estándares históricos de tutela del empleo. Sola estuvo acompañado por los otros dos cosecretarios generales, Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), quienes respaldaron la ofensiva judicial y profundizaron las críticas al Gobierno nacional. Jerónimo sostuvo que "hoy ya hay muchos sectores que empiezan a plantearse por qué han acompañado al Gobierno y a esta ley, que no tiene ningún impacto beneficioso para la vida de los trabajadores".

La presentación fue realizada ante la Justicia laboral con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad de la reforma aprobada por el Congreso. Desde la conducción de la central obrera afirmaron que la iniciativa oficial representa un retroceso en materia de derechos laborales y contradice el principio de progresividad que rige en la legislación del trabajo. En un comunicado, la CGT cuestionó lo que calificó como una "mal llamada modernización" del sistema laboral y alertó que los cambios propuestos implican un retroceso en conquistas históricas del movimiento obrero. Según el documento, las modificaciones afectan tanto derechos individuales como colectivos garantizados por la Constitución, en particular los vinculados al artículo 14 bis.

Por su parte, Argüello cuestionó el discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa y aseguró que la baja del desempleo mencionada por el mandatario "es una locura total". Según afirmó, "se han perdido 270.000 puestos de trabajo", y calificó la exposición presidencial como "un show" sin anuncios concretos para la producción y el empleo.

La estrategia judicial de la CGT se apoya en un eje central: la presunta inconstitucionalidad de los artículos que reformulan el derecho de huelga. Para la central obrera, la nueva normativa amplía de manera "excesiva" la categoría de servicios esenciales —incluyendo actividades como transporte, educación y salud— y fija guardias mínimas de hasta el 75%, un porcentaje que, sostienen, vuelve impracticable cualquier medida de fuerza. Aquella presentación ante la Justicia argumenta que esa exigencia no constituye una regulación razonable del derecho de huelga, sino una limitación desproporcionada que vulnera garantías reconocidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege la organización sindical libre y el derecho a la huelga. Desde el sindicalismo remarcan que la jurisprudencia de la Corte Suprema sostuvo que toda reglamentación debe preservar el "contenido esencial" del derecho, algo que, a su entender, no se cumple en este caso.