Caso Santino: liberaron al automovilista imputado por homicidio 

La justicia de Corrientes dictó ayer una resolución que modifica de manera sustancial la situación procesal de Emanuel Torres, el joven que se encontraba detenido por el siniestro vial en el que perdió la vida Santino Alcaraz. Fuentes judiciales informaron que se le revocó la prisión preventiva al conductor del automóvil involucrado en el choque ocurrido en la zona sur de la capital provincial. Con esta medida, Torres recuperó la libertad aunque su proceso judicial continuará bajo un esquema de estrictas reglas de conducta que deberá cumplir de manera obligatoria para no poner en riesgo este beneficio de excarcelación.

Entre las pautas impuestas por el tribunal para concederle la libertad, se destaca que el imputado deberá presentarse de manera quincenal ante la Oficina de Gestión Judicial para dejar constancia de su sujeción al proceso. Asimismo, la justicia estableció una prohibición de acercamiento absoluta hacia los padres de la víctima y hacia cualquiera de los testigos que forman parte del expediente. Esta restricción es exhaustiva e incluye cualquier tipo de contacto, ya sea de forma personal, mediante terceras personas, a través de comunicaciones telefónicas o por medio de redes sociales e internet. En paralelo, se le impuso una inhabilitación provisoria para conducir cualquier tipo de vehículo y se le prohibió expresamente iniciar trámites para obtener o renovar el carnet de conducir mientras avance la investigación.

El hecho que originó esta causa penal tuvo lugar el pasado lunes 2 de marzo por la tarde, en la intersección de la avenida Cuba y la calle Paul Groussac, un punto de alto flujo vehicular en la ciudad de Corrientes. En ese sector, el vehículo conducido por Torres colisionó con la motocicleta en la que se desplazaba Santino Alcaraz, quien falleció prácticamente en el acto debido a la violencia del impacto. Según la versión que el propio imputado brindó ante las autoridades, él circulaba por la calle Paul Groussac y, al intentar trasponer la avenida Cuba, aguardó el paso de dos motocicletas y un automóvil antes de avanzar. Siempre de acuerdo a su testimonio, fue en ese instante cuando sintió un fuerte golpe en la parte trasera de su unidad.

Torres manifestó en su declaración que su visión se encontraba parcialmente obstruida por un automóvil que estaba estacionado en la zona, lo que le habría dificultado advertir la aproximación de la víctima al momento de cruzar la calzada. El joven también indicó que, tras el impacto, entró en un profundo estado de shock emocional que le impidió comprender de inmediato la magnitud de lo sucedido o identificar con qué objeto o persona había colisionado. No obstante, uno de los puntos más críticos que señaló la fiscalía y que complicó su situación inicial fue que el conductor no permaneció en el lugar del siniestro tras el choque, una acción que la defensa técnica intentó justificar bajo el argumento del estado de conmoción mencionado anteriormente, pero que legalmente se considera un agravante en la mayoría de los siniestros viales con desenlace fatal.

Por su parte, la estrategia de la defensa Torres se ha centrado en la mecánica del accidente y en las normativas de tránsito vigentes. Los abogados defensores sostienen que, al circular por la derecha, el automóvil tenía la prioridad de paso al momento de la encrucijada, un elemento técnico que buscarán probar mediante las pericias accidentológicas que se están llevando a cabo. Sin embargo, será la etapa de investigación penal preparatoria la que termine de reconstruir cómo se produjo el siniestro, a qué velocidad circulaban ambos vehículos y si existió algún tipo de imprudencia o negligencia manifiesta por parte del conductor ahora liberado.

La decisión de revocar la prisión preventiva generó una inmediata repercusión en el entorno de la familia Alcaraz, que sigue de cerca cada movimiento del expediente en busca de justicia por la muerte del joven Santino. Mientras la causa avanza hacia la etapa de juicio, Torres deberá demostrar su voluntad de colaborar con la justicia cumpliendo cada una de las restricciones impuestas por la Oficina de Gestión Judicial. La libertad concedida no implica el cierre del caso ni la desvinculación del imputado, sino que responde a criterios procesales donde la justicia entiende que, bajo estas nuevas reglas de comportamiento, no existiría riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación mientras se aguardan los resultados de las pruebas periciales definitivas que determinarán las responsabilidades penales finales.