Caso Loan, para un defensor el plexo probatorio está inflado
El abogado de una de las parejas presas por el hecho advirtió que en el expediente contiene nombres duplicados y que la acusación de la fiscalía es endeble.
El proceso judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña se encamina hacia un debate oral cargado de tensiones técnicas y estratégicas donde la solidez de la acusación se encuentra bajo la lupa de las defensas. En este escenario, la figura del abogado Jorge Monti, representante de Mónica Millapi y Daniel Ramírez, emerge con una postura confrontativa orientada a desmoronar la estructura del caso construido por el Ministerio Público. La estrategia de la defensa se asienta sobre dos pilares fundamentales: la supuesta orfandad probatoria para sostener una imputación por ocultamiento y lo que califican como una inflación innecesaria de la lista de testigos, diseñada, según su visión, para disimular las carencias de una investigación que aún no puede responder a las preguntas básicas del hecho.
Para Monti, la fecha original del 7 de octubre para el inicio del juicio ha quedado totalmente desestimada, no por una voluntad de dilación, sino por la necesidad de reordenar un proceso que considera viciado de excesos. El letrado sostiene que existe un consenso entre las partes para adelantar el debate, pero subraya que el verdadero problema radica en la conformación de un tribunal con jueces que no pertenecen a la jurisdicción de Corrientes, lo que obliga a una compleja coordinación de agendas. Sin embargo, su crítica más feroz apunta a la lista de 800 testigos propuestos por la fiscalía. El defensor califica este número como un plexo probatorio inflado que contiene nombres duplicados y personas que jamás prestaron declaración en sede judicial. Según su argumento, citar a efectivos policiales para que ratifiquen actas de allanamiento que nunca fueron impugnadas es una maniobra que solo sirve para dilatar el tiempo y enturbiar la claridad del juicio.
El argumento central de la defensa de Millapi y Ramírez se enfoca en lo que ocurrió antes de la detención, buscando demostrar que sus clientes no participaron en un plan de ocultamiento, sino que estuvieron activamente involucrados en la búsqueda del menor. Monti sostiene que la inocencia de sus representados se puede probar con testimonios mínimos pero quirúrgicos. Entre ellos, destaca la comunicación telefónica de Ramírez con un curandero de Gobernador Martínez para pedir ayuda en la localización de Loan y, fundamentalmente, el testimonio del dueño de un corralón donde Millapi compró una linterna tras dejar a sus hijos en la localidad de 9 de Julio. Para el abogado, este último dato es una prueba objetiva de que la mujer estaba pertrechándose para continuar con la búsqueda nocturna, una conducta que considera incompatible con la de alguien que intenta desaparecer a un niño.
Frente a esta embestida de la defensa, la respuesta del fiscal general Carlos Schaefer revela una posición de cautela pero de firme convicción sobre la existencia del delito, a pesar de las zonas grises que aún persisten en el expediente. Schaefer admite con una franqueza poco habitual en los procesos penales que, al día de hoy, el Ministerio Público no tiene acreditado con exactitud qué pasó con el niño ni cuál fue el móvil que impulsó a los acusados. No obstante, el fiscal defiende la estructura del caso basándose en la materialidad de la sustracción. Para la fiscalía, el hecho de que no se conozca el destino final de Loan o la motivación exacta no anula la evidencia de que el niño fue retirado del naranjal por el grupo de personas hoy imputadas.