Cámaras que multan: el proyecto que busca una mejor convivencia social

EL PROYECTO FUE DERIVADO A LAS RESPECTIVAS COMISIONES PARA INICIAR SU DEBATE.

El alcance

El alcance del proyecto no se limita exclusivamente al tránsito. La ordenanza también contempla la posibilidad de utilizar las cámaras para identificar a quienes arrojan residuos en lugares no habilitados, una problemática que en los últimos meses volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública local.

En la sesión del jueves último, tomó estado parlamentario la iniciativa de videomultas que inicia ahora su recorrido por las comisiones correspondientes. La concejal de la Coalición Cívica ARI, Sandra Olivera, explicó que se trata de una herramienta que busca aprovechar la infraestructura tecnológica ya instalada para mejorar la capacidad de control del municipio y avanzar en políticas de ordenamiento urbano.

Según señaló la edil, el proyecto surge a partir de la necesidad de dar respuesta a problemáticas que se repiten en distintos sectores de la ciudad, especialmente en materia de tránsito y disposición de residuos. "Es un proyecto de ordenanza que nace desde el Concejo Deliberante y que justamente lo que quiere es utilizar las videocámaras que tenemos a lo largo de toda la ciudad y poder ser monitoreadas, para que todas las infracciones que se detecten desde el centro de monitoreo puedan ser utilizadas como posibles infracciones", explicó.

En términos operativos, la iniciativa plantea una modificación en la forma en que actualmente se detectan y sancionan determinadas faltas. En la actualidad, aun cuando una infracción queda registrada por las cámaras de seguridad, es necesario que un inspector de tránsito se traslade hasta el lugar para constatar la situación y labrar el acta correspondiente. El sistema de videomultas permitiría agilizar este procedimiento.

"Lo que nosotros queremos con este proyecto es que si desde las cámaras se detecta una infracción, se pueda directamente desde el centro de monitoreo labrar el acta e infraccionar esa acción que se está cometiendo", precisó Olivera.

De esta manera, el municipio podría avanzar hacia un esquema de fiscalización apoyado en tecnología, algo que distintas ciudades del país comenzaron a implementar en los últimos años con el objetivo de mejorar la eficiencia de los controles y ampliar la capacidad de vigilancia sobre el espacio público.

Pero el alcance del proyecto no se limita exclusivamente al tránsito. La ordenanza también contempla la posibilidad de utilizar las cámaras para identificar a quienes arrojan residuos en lugares no habilitados, una problemática que en los últimos meses volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública local.

Olivera explicó que los registros del sistema de monitoreo podrían servir como elemento probatorio para iniciar actuaciones administrativas cuando se detecte la generación de basurales clandestinos. "Muchas veces el vecino saca la basura fuera de horario o en lugares que no están establecidos para eso. Entonces la idea es también utilizar las videocámaras para poder detectar estas situaciones", indicó.

En ese sentido, la concejal señaló que existe una preocupación creciente por la formación de grandes focos de residuos en zonas periféricas de la ciudad, los cuales -según distintas observaciones realizadas por el municipio- no siempre son generados por habitantes de esos barrios.

"Muchas veces los grandes basurales que se forman en zonas más alejadas no son producidos por vecinos del lugar, sino por personas que llegan desde otros sectores de la ciudad y arrojan allí sus residuos", afirmó Olivera. Frente a ese escenario, el uso de las cámaras permitiría no sólo identificar a los responsables, sino también generar un efecto disuasivo.

"También se busca persuadir un poco al vecino, que sepa que puede ser identificado y que hay herramientas para sancionar estas conductas", agregó.

Actualmente la ciudad cuenta con un sistema de monitoreo que supera las 400 cámaras distribuidas en distintos puntos estratégicos. El proyecto deberá ahora atravesar el análisis de las comisiones de Seguridad, Legislación y Obras del Concejo Deliberante.