Engendro del expediente, sustitutos foráneos y códigos en duda, factores de turbulencia en el prolegómeno del juicio por Loan 

FIRMA: Nicolás Silva Lotero 

La causa judicial por la desaparición del niño correntino Loan Danilo Peña ha engendrado un atolladero del que la queja por la fecha de inicio del juicio, fijada para el 7 de octubre de 2026, por parte de la familia y también por la fiscalía, es apenas la superficie del complicado cuadro de situación que pone al caso -aún rodeado por el aura del misterio- en riesgo de caer por sus propias falencias o de lo prolongarse en exceso para no llegar nunca a responder la pregunta pendiente y latente: ¿qué hicieron con él? 

Hay al menos tres factores que inciden en la configuración crítica del estado en el que el plexo probatorio ha llegado a la instancia liminar del juicio oral y público. La primera, cronológica y fundamentalmente, es la forma en que han sido procesados los imputados. La segunda es la composición de emergencia del Tribunal, conformado en su totalidad por jueces de otras jurisdicciones debido a la dilación en la designación de nuevos magistrados y la jubilación de la terna vigente. En tercer lugar el tipo de código que debe regir el proceso, dado que hecho ocurrió antes de que entre en vigencia plena el Código Procesal Penal Federal de Corrientes que define un ritual de juicio diferente al anterior, esto es determinante dado que la fiscalía considera que de ser necesario podrían ser citados más de 800 testigos, los cuales deberían declara de forma oral imprimiendo un ritmo virtualmente imposible de administrar, dado que además hay más de una docena de defensas particulares, cada una con su propia estrategia y con intereses contrapuestos. 

El plazo que el pasado 27 de febrero en la audiencia preliminar, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso para que las partes -fiscalía, querella y defensa- acuerden testimonios y pruebas a ser incorporados en el juicio, vencerá durante la semana que inicia mañana. Fuentes confiables, consideraron improbable un arreglo por lo que estimaron que deberá realizarse un nueva audiencia o presentaciones individuales por escrito. 

En cualquier caso, la decisión se da luego del anunció de la jubilación del último juez original de dicho estamento -el doctor Fermín Ceroleni-. La situación ha llevado a una conformación de jueces sustitutos que desempeñan funciones (juzgan a personas) en otras jurisdicciones federales de Argentina: Eduardo Belforte de Formosa, Simón Pedro Bracco, de General Roca -Rïo Negro- y Enrique Bosch, de Chaco. 

Serán estos tres magistrados, que han coordinado sus agendas, los que deban llevar adelante el juicio a partir del 7 octubre los días miércoles y jueves, hasta diciembre. Pero para que ello sea factible el número de testigos debe ser razonable para el marco particular en el que, como se vé, se desarrollará el juicio. 

Y aquí entra en juego el primer factor: la fiscalía es una sola y debe acusar a un número elevado de imputados: 7 por sustracción y 10 por encubrimiento. Para poder sostener la acusación dadas estás características requiere llamar a declarar a muchos testigos  debido a que, cómo admitió el fiscal Carlos Schaefer a la agencia NA: "no tenemos acreditado qué pasó ni por qué lo hicieron".

La causa tuvo en un primer momento 6 imputados, los cuales estaban compuestos por tres parejas: Laudelina Peña y Antonio Benítez (tíos de Loan), Mónica Millapí y Daniel Ramírez, Carlos Pérez y María Caillava. Todos habían participado del almuerzo en casa de la abuela del niño, Catalina Peña, en el paraje El Algarrobo de la localidad de 9 de Julio. Luego se sumó el comisario del pueblo,  Walter Maciel, por entorpecimiento. Transcurrido algunos meses de las primeras detenciones se produjeron otras 10 que incluyeron a figuras como Nicolás Soria, "El Americano", y los falsos profesionales de la Fundación Dupuy, quienes al igual que el comisario Maciel fueron imputados y luego procesados por entorpecer la búsqueda del niño. 
Si bien hasta la fecha no sabe cuál fue la dinámica de la sustracción, la magistrada ordenó elevar el expediente a juicio con una discriminación muy olgada de las responsabilidades y roles asignados a cada acusado. Esto lleva a que ahora la fiscalía debe considerar la posibilidad de convocar a más 800 testigos con tal de darle coherencia a la acusación (ver nota de al lado). 
El primer grupo de acusados no tiene injerencia en la segunda tanda, ya que estaban presos, en cárceles federales de otras provincias, y no se podido demostrar conexión entre ambos, esto lleva a las defensas a optar por fragmentar las testimoniales dado que -a diferencia de la fiscalía y la querella- les alcanza con demostrar la no participación de  pupilo legal y no tienen interés de lo que le suceda al resto de los acusados. En el caso de Millapí y Ramírez por ejemplo, su abogado Jorge Monti, adelantó que solo tiene dos testigos para proponer. 
Es por ello que la definición del código procesal que debe aplicarse, que para muchos de los letrados implicados les resulta ajeno por pertenecer a otras jurisdicciones, es clave en lo que hace tanto a la cantidad como al formato en que se incorporen los testigos dado que el actual código ritual pondera la oralidad ante todo mientras que en el anterior es posible la incorporación por lectura.  
Todas estas incertidumbres y turbulencias que agitan la causa por la desaparición del niño, que hizo crujir al poder político y luego naufragó en el desprestigio y la corruptela por los manejos de las donaciones, podrán ir disipandose durante la semana que inicia y quizás poder hallar el orden que requiere uno de los procesos judiciales más importantes de la historia reciente de la provincia de Corrientes. 

DICEN x 3

"Al día de hoy, no tenemos acreditado qué pasó ni por qué lo hicieron" 

Carlos Schaefer, fiscal en el juicio.  

"Los metieron a todos en una misma bolsa y ahora estamos arrastrando las consecuencias"  

Jorge Monti, defensor de Millapi y Ramírez.  

"Pediremos la excarcelación, la preventiva termina antes de la fecha de inicio del juicio" 

Ernesto González (h), defensor de Pérez y Caillava.