Condenaron a 4 de 6 policías por dejar morir a Lautaro Rosé en la Costanera Sur
Tal como advirtió la madre de la víctima el fiscal no acusó y condicionó la sentencia. Se espera que las partes apelen el fallo.
LOS ACUSADOS ESTABAN EN FUNCIONES AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL HECHO.
El Tribunal de Juicio 1 de la ciudad de Corrientes resolvió condenar a cuatro efectivos policiales a la pena de diez años de prisión al encontrarlos responsables del delito de abandono de persona agravado por el resultado de muerte en perjuicio de quien en vida fuera Lautaro Alexander Rosé. El veredicto pone un cierre parcial a un proceso que mantuvo en vilo a la opinión pública desde aquel 8 de noviembre de 2021, cuando el joven de 18 años perdió la vida en el río Paraná frente a la Costanera Sur de Capital tras una persecución policial iniciada en la costanera sur de la capital correntina. Los condenados como coautores del hecho son Carlos Alberto Prieto, Sergio Iván Barberán Robledo, Omar Guillermo Aguirre y Maximiliano Leonel Romero, quienes deberán cumplir medidas de conducta rigurosas hasta que el fallo adquiera firmeza, incluyendo la prohibición de salida de la provincia y la comparecencia mensual ante la justicia. La sentencia 41 lleva la firma de los magistrados Ana del Carmen Figueredo, Darío Alejandro Ortiz y Oscar Ignacio Dubrez
El desarrollo de la audiencia final expuso las profundas divergencias entre los actores del proceso. Durante los alegatos, el doctor Hermindo González, representante de la querella, sostuvo una postura acusatoria contundente. González subrayó que el juicio no pretendía condenar a la institución policial ni al Estado en su conjunto, sino a funcionarios específicos que traicionaron su rol social. Para la querella, los hechos estaban plenamente acreditados y debían encuadrarse bajo las figuras de apremios ilegales y abandono de persona, solicitando por ello la pena de veinte años de reclusión y la inmediata detención de los implicados. En su argumentación, el letrado hizo especial énfasis en la gravedad del contexto de clandestinidad bajo el cual habrían actuado los uniformados, quienes habrían ignorado los pedidos de auxilio de un joven que, sin saber nadar, se vio forzado a lanzarse al río para escapar de la presión policial.
En el extremo opuesto se ubicó la postura del Ministerio Público Fiscal, representado por el doctor Carlos Lértora. En un giro que generó sorpresa y controversia, el fiscal se abstuvo de formular acusaciones formales por los delitos de apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lértora amparó su decisión en el artículo 4 del código procesal penal, alegando una insuficiencia probatoria crítica. Según su visión, la única versión directa de lo ocurrido provenía del testigo Ismael Maximiliano Meza, y consideró que no se habían producido durante el debate las pruebas necesarias para sostener una certeza condenatoria respecto a las agresiones físicas y las omisiones administrativas. Esta postura fiscal derivó directamente en la absolución de todos los imputados —incluyendo a Vicente Manuel Pruyas Suárez y Juan Daniel Aveiro— respecto a los cargos de apremios e incumplimiento de deberes, ya que, ante la falta de acusación por parte del fiscal, el Tribunal se vio imposibilitado de condenar por esas figuras específicas.
Por su parte, las defensas de los uniformados se alinearon estrictamente con la tesis de la fiscalía. Los defensores insistieron en que no existían elementos probatorios que indicaran con certeza la responsabilidad penal de sus asistidos.