Chaco Corrientes SoyNorte Club
Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.nortecorrientes.com/a/203457
BANDA TERRORISTA QUE OPERABA EN CORRIENTES  

La corte ordenó la expulsión de "Yiyi" por sus vínculos con el Tren de Aragua  

El máximo tribunal de la Argentina dispuso el retorno del sujeto a Venezuela. Lo habían capturado en 2023 en Santa Ana de los Guácaras.  

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó esta semana una decisión de alto impacto institucional y de seguridad para la región: la extradición a la República Bolivariana de Venezuela de Guillermo Rafael Boscán Bracho, conocido bajo el alias de Yiyi. El implicado, señalado como el líder de la denominada Banda del Yiyi, no solo es uno de los criminales más buscados por la justicia de su país de origen, sino que en Argentina se encontraba procesado por la justicia federal de Corrientes bajo los graves cargos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su organización ha sido vinculada estrechamente con la estructura transnacional del Tren de Aragua, una red delictiva que ha extendido su influencia por diversos países del continente y que es responsable de una vasta gama de delitos que van desde la extorsión hasta el homicidio intencional.

ESTÁ ACREDITADA LA PRESENCIA DE MIEMBROS CRIMINALES EN EL TERRITORIO PROVINCIAL  

Boscán Bracho fue capturado en octubre de 2023 en un operativo de la Policía Federal Argentina sobre la ruta provincial 43, en las inmediaciones del acceso a la localidad de Santa Ana de los Guácaras. Hasta ese momento, el prófugo llevaba una vida de aparente normalidad y alto nivel adquisitivo en un exclusivo barrio cerrado de la zona, donde residía junto a su esposa, su hija y sus suegros. Para eludir a las autoridades internacionales, el líder criminal había ingresado al país de forma ilegal y utilizaba una identidad falsa, llegando incluso a iniciar los trámites ante los organismos oficiales para obtener el documento nacional de identidad argentino. Sin embargo, el trabajo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA permitió identificar sus huellas dactilares y monitorear sus movimientos hasta lograr su detención.

La investigación judicial reveló que, a pesar de encontrarse en territorio argentino, Yiyi habría continuado dirigiendo las operaciones de su banda criminal. Se sospecha que desde Corrientes impartía órdenes vinculadas a atentados, extorsiones y asesinatos perpetrados en las ciudades de Maracaibo y Barranquitas, en el estado venezolano de Zulia. Esta actividad derivó en la apertura de una causa local donde se analiza su rol en una estructura organizada en células operativas dedicadas a blanquear capitales y financiar las actividades terroristas del Tren de Aragua en el exterior. Junto a él, la Cámara Federal de Corrientes confirmó meses atrás el procesamiento con prisión preventiva de otras doce personas, entre las que se encuentran ciudadanos venezolanos, colombianos y un argentino, todos sospechados de colaborar con la logística de la organización.

El fallo de la Corte Suprema, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó los planteos de la defensa de Boscán Bracho. Los abogados del imputado habían intentado frenar el traslado alegando que el proceso de defensa anterior no había sido el adecuado y manifestando un profundo temor por la vida y la integridad física del detenido en caso de ser entregado a las autoridades venezolanas. Argumentaban una posible persecución política y la ausencia de garantías. No obstante, el máximo tribunal consideró que estas afirmaciones carecían de sustento fáctico y que las críticas a la estrategia defensiva previa no eran motivo suficiente para revocar la extradición. Además, recordaron que la justicia argentina no evalúa la culpabilidad en los delitos cometidos en el país requirente, sino el cumplimiento estricto de los requisitos legales del tratado de extradición.

Respecto a la seguridad del extraditado, la Corte subrayó que existen garantías específicas brindadas por Venezuela, las cuales incluyen el compromiso de respetar los términos de la Convención contra la Tortura y garantizar el debido proceso.