"Eliminar la figura del femicidio no cambiará  la persecución de la violencia de género"

Durante el fin de semana, los medios nacionales se hicieron eco del proyecto de reforma del Código Procesal Penal que el Gobierno presentará próximamente al Congreso de la Nación. La iniciativa, que busca reducir la cantidad de artículos y reorganizar los delitos, generó controversia sobre la eliminación del término femicidio, considerado un avance histórico en la persecución judicial de la violencia contra las mujeres.

En diálogo con NORTE de Corrientes, el doctor Juan Arregín, abogado penalista con experiencia en juicios emblemáticos como el de Cecilia Strzyzowski, señaló que la modificación del Código "es un anuncio grandilocuente, pero en la práctica no cambia la sustancia del tratamiento penal de la violencia de género".

Arregín explicó que la figura del femicidio surge de reformas previas que incorporaron agravantes específicos en homicidios cometidos contra mujeres, considerando vínculos de pareja y contextos de violencia. Estas disposiciones se encuentran reflejadas en el artículo 80, inciso 1 (agravado por el vínculo), inciso 4 (agravado por odio, que incluiría las situaciones de género) y el  inciso 11, y se complementan con instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará (1994) y la CEDAW, que obligan a Argentina a garantizar acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia.

"El término femicidio puede desaparecer del Código Procesal, pero el agravante por contexto de violencia de género seguirá aplicándose. La Justicia continuará persiguiendo estos delitos, como lo establece la normativa vigente", enfatizó Arregín.

El especialista destacó que la polémica mediática sobre la eliminación del término podría responder a estrategias de comunicación del gobierno: "Se genera mucho ruido alrededor de la palabra femicidio, que es grandilocuente, mientras que en lo sustancial la reforma ya se venía planteando. Es un ejemplo de cómo la política y los medios pueden focalizar la atención en un detalle para desviar la discusión de otros temas, como los conflictos internos de la administración pública", afirmó, en referencia a casos vinculados a Manuel Adorni y otros funcionarios.

Arregín también sostuvo que, si bien la discusión sobre terminología es relevante desde el punto de vista social y simbólico, existen asuntos que requieren atención prioritaria, como la regulación de delitos informáticos, el uso de inteligencia artificial y nuevas formas de delincuencia.

El abogado resaltó que la creación del concepto femicidio obligó al sistema judicial a responder frente a la violencia de género: "Fue una conquista que obligó a la Administración de Justicia a hacerse cargo y a garantizar la protección de mujeres violentadas. Esa conquista no se revierte simplemente por la eliminación de la palabra del Código", concluyó.

Además, Arregín subrayó que la reforma debería abordarse de manera integral y no de forma fragmentaria. "Modificar artículos aislados, como la eliminación del término femicidio o cambios en la edad de imputabilidad, no soluciona los desafíos que enfrenta el sistema judicial. La Argentina necesita una discusión completa y profunda del Código Procesal Penal, que contemple todas las nuevas realidades sociales y tecnológicas", señaló.

Sí merece atención, las reformas que se pretenden incluir respecto de nuevas formas de delincuencia, de las herramientas tecnológicas, las picadas, entraderas, el fenómeno de los motochorros, y especialmente los sucesos vinculados a las "viudas negras" y los malos tratos o crueldad para con los animales.