La Policía esclareció amenazas a colegios e identificó a una mujer como sospechosa

La Policía de Corrientes dio por terminada la incertidumbre en la ciudad de Goya luego de una serie de amenazas telefónicas que pusieron en jaque la tranquilidad de la comunidad educativa local. Lo que inicialmente se percibió como un riesgo inminente para la integridad de cientos de alumnos terminó siendo desarticulado por la fuerza policial, confirmándose que se trató de falsas alarmas enmarcadas en una causa caratulada como supuesta intimidación pública. El operativo, que culminó con resultados positivos en las últimas horas, permitió a las autoridades provinciales llevar tranquilidad a las familias y asegurar que no existen peligros reales acechando a las instituciones escolares. 

Fuentes oficiales reportaron ayer que en ese marco se procedió a la identificación de una mujer mayor de edad que quedó vinculada a la causa como presunta responsable del hecho que alteró el orden público durante más de una semana.

El inicio de esta preocupante secuencia tuvo lugar el pasado martes 17 de marzo cuando el Instituto Santa Teresa de Jesús se convirtió en el blanco de una alerta por una posible amenaza de bomba. La advertencia no llegó por los canales convencionales de emergencias, sino que fue recibida de manera directa a través del teléfono celular institucional del establecimiento. Ante la gravedad del mensaje, las autoridades educativas actuaron con celeridad activando el protocolo de seguridad y comunicándose de inmediato con el servicio de emergencias 911. A pesar del despliegue policial que se originó de forma preventiva en el edificio, el colegio optó por mantener la continuidad de las clases bajo estrictas medidas de resguardo, informando a los tutores que la situación estaba siendo monitoreada de cerca por los especialistas.

La investigación no se detuvo en el peritaje inicial. Efectivos policiales de la Comisaría Primera de Goya, trabajando de manera coordinada con la Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos y bajo la supervisión de la unidad fiscal interviniente iniciaron un exhaustivo rastreo tecnológico para dar con el origen de las comunicaciones. Las tareas de inteligencia se centraron en identificar el punto de partida de las amenazas que también habrían afectado a otro establecimiento de la ciudad, lo que obligó a un despliegue de recursos técnicos avanzados para sortear los intentos de anonimato que suelen rodear estos delitos informáticos.

El avance de las pesquisas permitió que se concretara un paso fundamental para el cierre del caso, y con una orden judicial en mano las fuerzas de seguridad allanaron una vivienda ubicada sobre la calle Catamarca al 1000 y lograron el secuestro de un teléfono celular y diversos dispositivos electrónicos que según las presunciones habrían sido las herramientas utilizadas para ejecutar las maniobras de intimidación.

Con el decomiso de los equipos y la identificación de la sospechosa la Policía de Corrientes confirmó que las amenazas carecían de veracidad y que nunca existió un riesgo real de explosivos o ataques en las escuelas. Este desenlace marca el esclarecimiento del hecho y pone de manifiesto la eficacia de la división de delitos informáticos para rastrear este tipo de delitos que generan un impacto psicosocial profundo en la población. 

Actualmente la Justicia prosigue con los trámites administrativos y legales de rigor para determinar las responsabilidades penales finales de la implicada, mientras las escuelas goyanas retoman su ritmo habitual sin el peso de la amenaza latente.