Transporte, en tiempo de descuento

Faltan menos de quince días para que venza la concesión del sistema de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Corrientes y, sin embargo, la incertidumbre es la única certeza. No hay llamado a licitación, no hay expediente en el Concejo Deliberante, no hay información oficial clara sobre cómo continuará el servicio después del 17 de abril. Lo que debería ser un proceso administrativo planificado con meses de anticipación se transformó en una carrera contra el tiempo, con miles de usuarios mirando de reojo el calendario.

La situación no es menor. El transporte público es un servicio esencial y no puede quedar librado a improvisaciones de último momento ni a prórrogas de emergencia que terminan perpetuando un sistema que hace años muestra falencias estructurales. La ciudad creció, los barrios se expandieron, los horarios laborales cambiaron, pero el esquema del transporte parece detenido en el tiempo.

Mientras se discuten cuestiones administrativas, la realidad cotidiana muestra colectivos que desaparecen después de las 22, unidades que se reducen en circulación y pasajeros que caminan cuadras y cuadras porque el servicio simplemente deja de pasar. Esa escena se repite en distintos puntos de la ciudad y tiene como protagonistas a trabajadores, estudiantes y vecinos que dependen exclusivamente del transporte público para moverse.

En ese escenario aparecen los conflictos permanentes entre la UTA Corrientes y las empresas concesionarias, especialmente Ersa y Transporte San Lorenzo UTE, a los que se suma Transporte Miramar. Paros, amenazas de paro, reducción de servicios y discusiones salariales terminan siempre en el mismo lugar: el usuario como rehén de un sistema que funciona cuando puede y no cuando la ciudad lo necesita.

Cada vez que se habla de aumento del boleto el sistema aparece como inviable; cada vez que se habla de mejorar el servicio aparecen los problemas de rentabilidad; cada vez que se habla de licitación aparecen las prórrogas. Así, durante años, el transporte público en Corrientes fue avanzando a base de parches, extensiones contractuales y decisiones de corto plazo que nunca resolvieron el problema de fondo.

Por eso, tal vez esta vez la cercanía del vencimiento debería ser una oportunidad y no un problema. Una oportunidad para discutir en serio el sistema de transporte que necesita la ciudad, la frecuencia de los colectivos, los recorridos, los horarios nocturnos, las condiciones laborales de los choferes y, por supuesto, el costo del boleto. Pero sobre todo, una oportunidad para que la nueva concesión no repita el esquema que convirtió a los correntinos en rehenes de las empresas y de los conflictos gremiales.

El Municipio tiene la responsabilidad de planificar, controlar y garantizar el servicio. No se trata solo de firmar contratos o extender concesiones, sino de pensar el transporte como una política pública central para el desarrollo urbano. Sin transporte eficiente no hay acceso al trabajo, a la educación, a la salud ni a la vida cultural de la ciudad.

A esta altura lo preocupante no es solo la falta de definiciones, sino la sensación de que el tema vuelve a resolverse a último momento, como tantas veces ocurrió. Cuando las decisiones se toman sobre la hora, lo urgente termina reemplazando a lo importante, y lo importante en este caso es que Corrientes necesita un sistema de transporte moderno, previsible, con horarios que se cumplan y con controles reales sobre las empresas.

El tiempo institucional se agota, pero la demanda social sigue creciendo. La pregunta ya no es solo qué pasará después del 17 de abril, sino si alguna vez el transporte público dejará de ser un problema crónico para convertirse en un servicio acorde a lo que la ciudad necesita. Porque los usuarios no pueden seguir esperando mientras los colectivos dejan de pasar y la incertidumbre sigue viajando en la primera fila.