Colectivos: una historia de crisis, parches y prórrogas
Claudio Polich: "Una extensión de la concesión apuntaría a asegurar la continuidad del sistema"
Intendente de Corrientes, sobre el servicio de transporte urbano.
A menos de dos semanas del vencimiento de la concesión del transporte urbano en la ciudad de Corrientes, el sistema vuelve a ubicarse en un escenario conocido: incertidumbre institucional, conflictos operativos, discusiones económicas y, en el medio de todo, miles de usuarios que dependen todos los días del colectivo para trabajar, estudiar o realizar trámites básicos.
El próximo 17 de abril vence formalmente la concesión del servicio y, sin embargo, todavía no hay definiciones concretas sobre si habrá un llamado a licitación, una prórroga formal o una precarización del servicio hasta que se defina un nuevo esquema. Lo que debería haber sido un proceso planificado con anticipación vuelve a resolverse sobre la hora, repitiendo una lógica que se viene arrastrando desde hace años en el sistema de transporte público local.
En este contexto, el Municipio analiza alternativas como una prórroga corta o una prestación precaria del servicio mientras se avanza en una futura licitación. El problema es que ese tipo de soluciones provisorias suelen transformarse en permanentes, y el sistema continúa funcionando bajo la lógica de la emergencia, sin cambios estructurales y sin mejoras visibles para los usuarios.
A la incertidumbre institucional se suma la crisis operativa del servicio. En las últimas semanas, las empresas concesionarias, principalmente Ersa y Transporte San Lorenzo UTE (líneas 102, 103, 104, 105, 106, 108 y 109), redujeron la circulación de unidades en horario nocturno, especialmente después de las 22, lo que dejó a muchos pasajeros sin transporte y obligados a caminar o buscar alternativas más costosas. A ellas se suma también Transporte Miramar (líneas 101 y 110), que forma parte del sistema urbano.
Este escenario vuelve a mostrar una constante del transporte público en Corrientes: los conflictos entre empresas, el sindicato (UTA Corrientes) y el Estado terminan impactando siempre en el mismo sector, los usuarios. Paros, reducciones de servicio, demoras, unidades en mal estado o frecuencias que no se cumplen forman parte de la vida cotidiana de quienes utilizan el colectivo, mientras el boleto sigue aumentando y se ubica entre los más caros del país.
El problema de fondo no es solamente el vencimiento de una concesión, sino la falta de un modelo de transporte pensado a largo plazo. Durante años, el sistema funcionó con prórrogas, emergencias y modificaciones parciales, sin una planificación integral que contemple el crecimiento de la ciudad, la expansión de los barrios, los horarios laborales actuales y la necesidad de garantizar el servicio en horarios nocturnos.
El transporte público no es solamente un negocio ni un contrato administrativo: es un servicio esencial que define la calidad de vida de una ciudad. Sin colectivos no hay acceso al trabajo, a la educación, a la salud ni a la vida social. Por eso, cada vez que el sistema entra en crisis, no se trata solo de un problema empresarial o sindical, sino de un problema social.
Hoy Corrientes vuelve a estar frente a una decisión importante: prorrogar, precarizar o licitar un nuevo sistema. Pero más allá de la decisión administrativa que se tome, lo que muchos usuarios esperan es algo mucho más simple: colectivos que pasen, horarios que se cumplan y un servicio acorde a lo que pagan. Porque hasta ahora, en cada crisis del transporte, hay algo que nunca cambia: los usuarios siguen siendo los perjudicados de siempre.