Un juicio que llega y una verdad que está pendiente

El inicio del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, fijado ahora para el 16 de junio, aparece como una señal largamente esperada en medio de una causa que, desde el primer día, se caracterizó por sus desvíos, contradicciones y zonas oscuras. Que el proceso se adelante cuatro meses respecto de la fecha original es, sin dudas, un dato positivo. Pero no alcanza. Porque detrás del movimiento de piezas judiciales, de la discusión sobre calendarios y modalidades persiste lo esencial: aún no se sabe qué pasó con Loan.

A casi dos años de su desaparición en la localidad de 9 de Julio el expediente continúa como un entramado complejo, con múltiples imputados, hipótesis que no terminan de cerrarse y una investigación paralela que expone, además, presuntas maniobras de encubrimiento y desvío. En ese contexto, el juicio no solo debe determinar responsabilidades penales: también carga con una expectativa social mucho más profunda, la de reconstruir una verdad que hasta hoy permanece fragmentada.

Sin embargo, incluso antes de comenzar, el proceso ya muestra señales de tensión. Las críticas de defensores y querellantes respecto de la modalidad de las audiencias -espaciadas en el tiempo, con traslados logísticos aún no resueltos y sin una audiencia preliminar clara- abren interrogantes sobre la eficacia real del debate. Un juicio con cerca de 200 testigos, desarrollado apenas algunos días por semana, amenaza con extenderse durante meses, diluyendo la concentración necesaria para abordar un caso de esta magnitud.

No se trata de una discusión menor ni meramente técnica. La forma en que se organiza un juicio también habla de la prioridad que el sistema judicial le otorga a la búsqueda de verdad y justicia. Un proceso fragmentado, con pausas prolongadas, corre el riesgo de perder ritmo, de desgastar a las partes y, sobre todo, de debilitar la reconstrucción coherente de los hechos.

En paralelo, las dificultades logísticas -como la falta de una alcaldía federal en Corrientes o la incertidumbre sobre el traslado de los detenidos- evidencian falencias estructurales que no deberían interferir en un caso de esta trascendencia. La Justicia no puede permitirse improvisaciones cuando lo que está en juego es la desaparición de un niño que conmovió al país entero.

El caso Loan no es uno más. Expuso fallas institucionales profundas, desde la respuesta inicial de las fuerzas de seguridad hasta la conducción política del área. Generó una crisis de confianza que aún no ha sido saldada. Y, sobre todo, dejó a una familia -y a una sociedad- atrapadas en una pregunta que sigue sin respuesta.

Por eso, más allá de las disputas procesales, el verdadero desafío del juicio será otro: romper con la inercia de la incertidumbre. No alcanza con sentar a los acusados en el banquillo si el proceso no logra ordenar el caos de versiones, esclarecer responsabilidades y acercar una verdad verificable.

Cada demora, cada desprolijidad, cada desacuerdo que prolonga los tiempos judiciales tiene un impacto que excede lo técnico. Es un recordatorio de que el sistema aún no ha logrado dar respuestas a una de sus deudas más urgentes.

El 16 de junio marcará un inicio. Pero lo que está en juego no es solo un calendario judicial. Es la posibilidad de que, después de idas y vueltas, de errores y rectificaciones, la justicia finalmente deje de girar en círculos y empiece a responder la única pregunta que importa: qué pasó con Loan.

Lo que está en juego no es solo un calendario judicial. Es la posibilidad de que, después de idas y vueltas, de errores y rectificaciones, la Justicia finalmente deje de girar en círculos y empiece a responder la única pregunta que importa: qué pasó con Loan.