Municipio evalúa vetar la ayuda a despedidos de Forestal Tapebicuá
La ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante contempla un subsidio por tres meses para cesanteados. Podría rechazarla por razones fiscales mientras las familias esperan definiciones.
A menos de una semana de su aprobación en el Concejo Deliberante, la ordenanza que establece una ayuda económica por tres meses para trabajadores despedidos de la firma Forestal Tapebicuá quedó en el centro de una fuerte disputa política e institucional. El Ejecutivo municipal de Gobernador Virasoro analiza por estas horas la posibilidad de vetarla, lo que abriría un nuevo frente de conflicto en una comunidad atravesada por la pérdida de fuentes laborales.
La iniciativa había sido impulsada como una respuesta de emergencia ante la situación que atraviesan decenas de familias que, desde hace meses, enfrentan la falta de ingresos tras los despidos en la empresa. El esquema aprobado prevé un acompañamiento económico acotado en el tiempo, con el objetivo de paliar una coyuntura crítica mientras se generan alternativas laborales o se encauzan otras soluciones de fondo.
Sin embargo, desde el Ejecutivo no descartan recurrir al veto, una herramienta contemplada en la normativa vigente. Entre los argumentos que se esgrimen aparece con fuerza la situación financiera del municipio y la necesidad de resguardar el equilibrio fiscal. En ese sentido, fuentes cercanas a la administración sostienen que la implementación del subsidio implicaría una erogación difícil de sostener en el actual contexto económico.
La posible decisión genera preocupación entre los trabajadores afectados, quienes aguardan una definición en medio de un escenario de creciente incertidumbre. Para muchos de ellos, la asistencia representa un alivio transitorio frente a la imposibilidad de cubrir necesidades básicas, en un contexto donde la reinserción laboral no resulta inmediata.
El debate también expone una tensión más profunda sobre el rol del Estado local frente a crisis de este tipo. Mientras algunos sectores consideran que la ayuda es una obligación frente a la emergencia social, otros advierten sobre los límites presupuestarios y la sostenibilidad de medidas de asistencia directa.
En paralelo, voces del ámbito político y social remarcan que el subsidio no implica una solución estructural ni permanente, sino una herramienta excepcional para atravesar una coyuntura adversa. En ese marco, la eventual decisión del Ejecutivo marcará no solo el destino de la ordenanza, sino también el posicionamiento del Municipio frente a un conflicto que ya lleva meses sin resolución. Los próximos días serán clave. El Ejecutivo cuenta con diez días, como plazo legal para promulgar o vetar la ordenanza.
DENUNCIA
En medio de este escenario, se conoció la presentación de una denuncia penal contra directivos de Tapebicuá y del Grupo Celulosa Argentina. La acusación incluye presuntos delitos de defraudación, retención indebida, administración fraudulenta y abandono de personas.
Entre los señalados figuran Tomás Jorge Adrián, Sigbard Brolin, Esteban Nofal, Hernán Bagliero, Francisco Santandreu y Mauricio Barzan, todos vinculados a la conducción de la empresa. En la presentación judicial también se solicitaron medidas urgentes de prueba, entre ellas allanamientos en las instalaciones de la firma y el secuestro preventivo de vehículos.