Ratificaron pena de prisión en suspenso para empresarios por la muerte de los 8 obreros 

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes dictó una sentencia que marca el cierre de una etapa crucial en una de las causas más dolorosas de la historia reciente de la provincia, registrado el 22 de marzo de 2012. A 14 años de aquel fatídico suceso que costó la vida de ocho obreros de la construcción, el máximo tribunal provincial resolvió confirmar las condenas previas para los principales responsables del derrumbe trágico, manteniendo penas de tres años de prisión de ejecución condicional. Esta decisión implica que, a pesar de la magnitud de la tragedia y la pérdida de vidas humanas, ninguno de los condenados cumplirá tiempo en prisión efectiva, una resolución que ha despertado una profunda indignación entre los familiares de las víctimas y sus representantes legales por considerarla insuficiente ante el daño causado.

La resolución del tribunal llega tras el rechazo de los recursos de casación que habían sido interpuestos por las querellas en un intento por elevar el rigor de las sanciones. Al ratificar el fallo anterior en todas sus partes sustanciales, la justicia correntina pone fin al trámite en la instancia provincial justo cuando se aproxima un nuevo aniversario del siniestro, lo que añade una carga emocional significativa al contexto de la decisión. Para los allegados a los trabajadores fallecidos, la noticia representa un golpe a la expectativa de recibir una respuesta judicial que guarde proporción con la gravedad de los hechos, sosteniendo que la aplicación de penas en suspenso no refleja la responsabilidad penal que debería recaer sobre quienes debían garantizar la seguridad en la obra.

El abogado Juan Manuel Cubilla Podestá, quien representa a una de las partes querellantes, manifestó su rechazo tajante ante el contenido de la sentencia del Superior Tribunal. Según el letrado, tras catorce años de una espera agotadora, la resolución no solo se presenta como tardía, sino que además fracasa en la tarea de representar adecuadamente la dimensión del perjuicio irreparable sufrido por ocho familias. Para la querella, existe una contradicción evidente entre la gravedad de lo ocurrido y el resultado concreto del proceso, señalando que la posibilidad de que los responsables permanezcan en libertad genera una tensión insalvable con el valor primordial de la justicia.

Uno de los puntos más críticos señalados por el equipo jurídico de las víctimas tiene que ver con el rol desempeñado por las instancias revisoras en Corrientes. Cubilla Podestá remarcó que el tribunal tenía la oportunidad y el deber de ejercer un control profundo sobre lo actuado previamente para corregir deficiencias sustanciales, pero que, al evitar esa intervención, se terminó convalidando una decisión que califican de injusta. Asimismo, el factor tiempo fue subrayado como una de las fallas más graves del sistema: un proceso que se extiende por casi una década y media constituye, según su visión, una violación abierta al derecho de un plazo razonable. Bajo esta perspectiva, una justicia que llega de manera tan inoportuna deja de ser justicia para transformarse en un agravante del dolor inicial.

Ante este panorama, la estrategia de las querellas no se detiene en los límites provinciales. Los abogados se encuentran actualmente analizando los fundamentos técnicos de la sentencia para evaluar la viabilidad de presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo de llevar el caso ante el máximo tribunal del país radica en la búsqueda de una revisión que considere los agravios planteados por los familiares afectados para quienes este fallo no clausura el duelo.