Un ex comisario de Perugorría es juzgado por presunto abuso de autoridad

En la ciudad de Curuzú Cuatiá ha dado inicio un proceso judicial de gran relevancia institucional que pone bajo la lupa el accionar de las fuerzas de seguridad en el interior provincial. Ante el Tribunal unipersonal integrado por el doctor Jorge Alberto Troncoso, se ventilan las acusaciones contra un ex comisario de la Policía de Corrientes, cuya gestión al frente de la dependencia de la localidad de Perugorría ha quedado seriamente cuestionada.

La representante del Ministerio Público Fiscal, la doctora Clara Belén Arrúa, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, es la encargada de sostener la acusación contra el ex funcionario policial por una serie de delitos que habrían sido cometidos en ejercicio de sus funciones entre los años 2022 y 2023, configurando un cuadro de presunto abuso de poder y manejo irregular de los recursos públicos y humanos a su cargo.

La plataforma fáctica presentada por la fiscalía se divide en tres ejes principales que describen un comportamiento sistemático de ilegalidad. El primero de ellos se relaciona con una defraudación a las arcas del Estado y un perjuicio directo a los efectivos subalternos. Según la acusación, desde septiembre de 2022 hasta el mismo mes de 2023, el ex comisario habría ordenado de manera irregular la realización de servicios adicionales de guardia a su personal. Sin embargo, en lugar de gestionar los pagos para quienes efectivamente cumplían las horas de trabajo, el imputado habría registrado falsamente el cumplimiento de dichas tareas a nombre de terceras personas que no las realizaban, logrando así apoderarse ilegítimamente del dinero destinado a esos haberes. Esta maniobra de falsificación de registros públicos no solo implica un delito económico, sino que también revela una estructura de maltrato laboral hacia los subordinados.

El segundo hecho que se debate en el juicio tiene un carácter intimidatorio. La fiscalía sostiene que, hacia finales de su gestión en septiembre de 2023, el acusado habría proferido graves amenazas contra el personal policial bajo su mando. Estas agresiones verbales y coacciones habrían tenido como detonante la valiente negativa de dos subalternos a cumplir órdenes ilegales, específicamente la de insertar datos falsos en los libros de guardia y registros oficiales de la comisaría de Perugorría. Este episodio pone de manifiesto la presión interna a la que estaban sometidos los oficiales que intentaban ajustar su proceder a la normativa vigente.

El hecho más grave desde la perspectiva de los derechos humanos y las garantías constitucionales refiere a un procedimiento ocurrido en el Paraje Paso Tala. La acusación detalla que el entonces comisario practicó un allanamiento en un domicilio particular sin contar con la necesaria orden judicial y fuera de cualquier supuesto de excepción previsto por la ley. Durante este operativo ilegal, no solo se registró la vivienda sin aval legal, sino que se procedió a la privación ilegítima de la libertad de un ciudadano que padece un retraso mental grave. El hombre fue trasladado y alojado en la comisaría sin que existiera una orden judicial ni se diera conocimiento inmediato al fiscal en turno.

El debate oral y público se extenderá a lo largo de varias sesiones debido a la complejidad de las pruebas a producir. Se espera que durante las audiencias presten declaración más de diez testigos, entre los que se encuentran efectivos policiales que prestaron servicio durante la gestión del imputado y civiles afectados por los procedimientos irregulares. Asimismo, se incorporará una amplia base de pruebas documentales, libros de guardia y registros contables que serán analizados minuciosamente. 

DATO: 

La imputación es por una serie de delitos que habrían sido cometidos en ejercicio de sus funciones entre los años 2022 y 2023, configurando un cuadro de presunto abuso de poder y manejo irregular de los recursos públicos y humanos a su cargo.