Nación envió reformas a las leyes de Discapacidad y Salud Mental
El oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria en la previa al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni
Ayer sábado el Gobierno nacional envió al Congreso una reforma a la Ley de Salud Mental y otra a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con el objetivo de reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas. Señalaron que ambos proyectos ingresaron por la Cámara de Senadores. La estrategia fue definida tras una reunión de la "mesa chica" en Casa Rosada. La decisión de ingresar los proyectos por el Senado responde a la mayoría sólida que allí logró construir el oficialismo. Esto le servirá para que la Cámara alta sea el origen, por si aparecen modificaciones en el debate en Diputados.
Tal como se acordó el pasado viernes durante la reunión de la Mesa Política que comanda Karina Milei, la reforma se fundamenta en un informe que reveló un fuerte crecimiento de los beneficios entre 2003 y 2023, al pasar de 76.000 a 1,2 millones de pensiones. A partir de estos datos el Gobierno busca, a través de la Secretaría de Discapacidad, instalar nuevas medidas de fiscalización y control. En este sentido se promueve una serie de auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos documentales, socioeconómicos y médicos de los beneficiarios. La fiscalización incluirá cruce de información entre la Anses, Arca, Sintys y otros organismos públicos. Si surge algún incumplimiento, la autoridad de aplicación podrá dictar la suspensión preventiva.
Entre otros cambios se incluyó un artículo que faculta a la Secretaría de Discapacidad a exigir un reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Se otorga un plazo de 90 días con la posibilidad de prorrogarse por otros 30 para que los beneficiarios actualicen su información personal, socioeconómica y médica, una medida que fue cuestionada por las organizaciones sociales y la propia oposición en el Congreso. Sin embargo, se prevé que la reglamentación deberá facilitar modalidades presenciales, remotas o mixtas, teniendo en cuenta las particularidades territoriales y las condiciones de accesibilidad. Se deja en claro que aquellas personas que no cumplan con el reempadronamiento sufrirán una suspensión automática de la pensión hasta la baja del beneficio.
CAMBIOS EN LEY DE SALUD MENTAL
La iniciativa propone cambios en definiciones, criterios de intervención y organización del sistema de atención. Entre los puntos centrales se plantea reemplazar el término "padecimiento mental" por el de "trastornos mentales o del comportamiento", en línea con la Clasificación Internacional de Enfermedades. El objetivo es dotar de mayor precisión diagnóstica a la práctica clínica.
El proyecto también modifica los criterios para las internaciones involuntarias: sustituye el concepto de "riesgo cierto e inminente" por el de "riesgo grave de daño para la vida o la integridad física", e incorpora un enfoque que contempla antecedentes y contexto del paciente. En situaciones de urgencia, se habilita que un médico psiquiatra disponga la internación, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Asimismo, se mantiene el principio de que las internaciones deben ser un recurso excepcional, aunque se propone agilizar su aplicación en casos críticos.
El texto también redefine el rol del sistema de salud, incorporando la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la inclusión comunitaria como parte del objeto de la ley.