Condenaron a un productor por millonario maniobra fraudulenta con una hacienda de ganado

La justicia correntina dictó un fallo trascendental en materia de delitos económicos y rurales al declarar la responsabilidad penal de Rómulo Augusto Bobbio por una millonaria maniobra de administración fraudulenta. El veredicto, emitido tras un exhaustivo debate oral en el Tribunal de Mercedes, puso fin a la primera etapa de un proceso iniciado para esclarecer la desaparición de casi dos mil cabezas de ganado vacuno en la zona de Curuzú Cuatiá. La causa, impulsada por la Fiscalía del Tribunal Oral de Mercedes bajo la dirección del doctor Oscar Cañete, se centró en los manejos realizados por el imputado entre los años 2019 y 2020, periodo en el cual el perjuicio económico se estimó en una cifra cercana a los cincuenta millones de pesos según los valores de aquella fecha.

El núcleo del conflicto judicial se originó a partir de un contrato de consignación de venta firmado por Bobbio, en representación de la firma Balboa y Bobbio SRL, con la empresa Landver S.A. Mediante este acuerdo legal, el ahora condenado tomó bajo su responsabilidad y cuidado un total de 1966 animales bovinos. Originalmente, esta hacienda se encontraba en el establecimiento Buena Vista, pero debido a la venta de dicho inmueble, se acordó su traslado hasta el establecimiento Santa Ana del Trébol, ubicado en la Primera Sección del Departamento de Curuzú Cuatiá. Esta propiedad pertenecía al acusado, quien debía ejercer la administración y custodia del ganado hasta que se concretara su venta definitiva. Aunque el acuerdo original tenía un plazo determinado, el mismo fue renovado en dos oportunidades ante la falta de concreción de los negocios previstos.

La situación comenzó a tornarse crítica cuando, tras el vencimiento de la última prórroga, la empresa propietaria no recibió novedades sobre el estado de los animales ni sobre posibles ventas. Ante los reiterados incumplimientos y la falta de respuestas a las intimaciones formales para la restitución de la hacienda o el pago del valor equivalente, el apoderado de Landver S.A. se presentó en el campo junto a un escribano público para verificar la existencia del ganado. En aquel momento, Bobbio impidió activamente el retiro de los animales, una acción que quedó debidamente documentada en un acta notarial que resultó fundamental para la acusación. Poco tiempo después, allanamientos realizados por la Unidad de Policía Rural confirmaron el peor escenario para los propietarios: la inexistencia de casi la totalidad del stock ganadero, que habría sido retirado del lugar por quien precisamente debía velar por su seguridad.

Durante el juicio, el tribunal analizó las pruebas presentadas y descartó de plano la hipótesis de la defensa, que intentaba sostener que se trataba de una simulación contractual ya que tanto los actos previos como posteriores de Bobbio, sumados a las actas de vacunación de Fucosa y los registros de Senasa, confirmaban de manera indudable la existencia del contrato y la responsabilidad del acusado sobre los bienes ajenos. Los testimonios de los socios damnificados también fueron determinantes.

Además de la condena penal, el tribunal admitió la acción civil reparatoria presentada por el apoderado de la firma damnificada, el doctor Matías José Mosca Tressens. Esta decisión legal busca que el condenado indemnice económicamente a la empresa por los daños causados por el delito. Tras la lectura del veredicto que estableció la culpabilidad, el tribunal fijó para el próximo 28 de abril la realización de la audiencia de cesura.