Desbaratan una red dedicada a la tenencia y comercialización ilegal de armas de fuego

EL ARMAMENTO FUE PUESTO A RESGUARDO Y SE INVESTIGA SU ORIGEN Y PROPIEDAD. 

En un despliegue operativo que marca un hito en la lucha contra el mercado negro de armamento en Argentina, la Policía Federal desarticuló una compleja organización criminal dedicada al desvío de armas de fuego desde el ámbito legal hacia circuitos delictivos. El procedimiento, que fue el resultado de una investigación meticulosa de dos años, tuvo uno de sus focos principales en la provincia de Corrientes, donde se concretaron detenciones y secuestros de material bélico que evidencian la magnitud de una red con ramificaciones en casi todo el territorio nacional. La investigación penal se originó a partir de una denuncia que ponía bajo la lupa diversas maniobras irregulares en la adquisición de armamento, lo que activó una serie de tareas de inteligencia criminal coordinadas por fuerzas federales. A través del análisis de información estratégica e intervenciones telefónicas y ambientales, los investigadores lograron desentrañar una estructura jerarquizada que operaba de manera sistemática para burlar los controles estatales de la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Con el aval de la Justicia Federal, se dispuso la ejecución de ciento cuarenta allanamientos simultáneos, una cifra que refleja la capilaridad de la banda. Los operativos se extendieron por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta y Tierra del Fuego. Esta cobertura geográfica demuestra que la organización no era un grupo aislado, sino una red de distribución federal que abastecía al hampa en diferentes jurisdicciones. En total, las fuerzas de seguridad lograron la detención de treinta y cinco personas, todas vinculadas directamente con el funcionamiento logístico y administrativo de la banda. El botín incautado durante las irrupciones policiales resulta alarmante por su volumen y peligrosidad. Entre los elementos secuestrados se contabilizaron cincuenta y cinco pistolas de diversos calibres, veinticinco escopetas, diecisiete revólveres, siete fusiles, siete ametralladoras de alto poder de fuego, una carabina y tres pistolones. Además del armamento, se retiraron de circulación treinta y dos cargadores, una máquina de recarga de proyectiles, dos cuñetes de pólvora, una granada y una cifra impactante de más de cuarenta mil municiones, lo que da cuenta de la capacidad de fuego que esta organización inyectaba en el mercado ilegal. La reconstrucción del modus operandi permitió determinar que la banda utilizaba a personas interpuestas, comúnmente denominadas prestanombres, para adquirir las armas de manera legal. Muchos de estos individuos carecían de la capacidad económica mínima para justificar las compras, lo que dejaba al descubierto la maniobra fraudulenta. El engranaje delictivo contaba con la complicidad necesaria de actores clave dentro del sistema, como propietarios de armerías, gestores especializados e intermediarios que facilitaban los trámites burocráticos. También se detectó la participación de instructores de tiro que certificaban documentación y aptitudes técnicas de forma irregular para acelerar las transferencias y registros. Tras el éxito de los ciento treinta y tres allanamientos iniciales, las autoridades confirmaron que la causa no está cerrada, ya que se mantienen abiertas ocho líneas de investigación derivadas que buscan profundizar en la ruta del dinero y en posibles conexiones internacionales.