Ordenan la detención del ginecólogo Gerardo Dahse, condenado por violar a una paciente
El juzgado de ejecución de la condena así lo dispuso, luego de que la sentencia a prisión quedara firme tras el rechazo del planteo de la defensa. La policía busca al profesional.
FUE JUZGADO EN UN TRIBUNAL DE LA CIUDAD DE CORRIENTES.
El panorama judicial del médico Gerardo Alejandro Dahse ha alcanzado un punto de inflexión definitivo tras la reciente resolución emitida por el Tribunal Oral Penal N° 1 de Corrientes. En una jornada marcada por la relevancia institucional y social del caso, la Justicia ha dispuesto de manera taxativa la inmediata detención del profesional de la salud, quien fuera condenado en el marco de la causa N° 383 del año 2023 por el delito de abuso sexual. Esta decisión no solo implica la privación de su libertad de forma efectiva, sino que establece además su traslado y alojamiento en las instalaciones de la Unidad Penal 6, situada en la localidad de San Cayetano, donde deberá comenzar a cumplir la pena impuesta por el cuerpo de magistrados. La medida adoptada con fecha del 30 de abril de 2026 representa el cierre de un ciclo de incertidumbre procesal que se prolongó durante el tiempo que demandaron las instancias de revisión de la sentencia original.
El sustento jurídico para esta orden de detención radica en el agotamiento de las vías ordinarias de apelación y la consecuente firmeza de la sentencia condenatoria. Este escenario se configuró plenamente luego de que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia decidiera rechazar el recurso de casación que había sido articulado por los abogados defensores del médico. Asimismo, el máximo tribunal provincial declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario federal, bloqueando así el acceso directo a la revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de esa vía. Ante el avance inminente de la Justicia, la defensa de Dahse intentó una última maniobra procesal solicitando la suspensión de la ejecución de la sentencia, argumentando que presentarían un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema nacional. No obstante, el Tribunal Oral Penal 1 fue contundente al desestimar dicha petición, subrayando que la mera intención de recurrir en queja no posee efectos suspensivos sobre una condena que ya ha sido ratificada por las instancias locales correspondientes.
En los fundamentos de la resolución los jueces fueron sumamente claros al explicar que la normativa vigente no permite dilatar más el cumplimiento del castigo. Se hizo especial hincapié en que, según lo establecido en el artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en concordancia con una doctrina de larga data sostenida por la propia Corte Suprema de Justicia, la sola interposición de un recurso de queja no interrumpe ni suspende el curso normal del proceso judicial ni la ejecución de las penas. Esta interpretación legal reafirma que la condena ya es ejecutable y que el sistema judicial debe garantizar que el condenado comience a cumplir su deuda con la sociedad de manera inmediata, independientemente de las aspiraciones futuras de su equipo legal ante tribunales superiores que aún no han admitido el caso para su tratamiento.
La determinación del tribunal también fue una respuesta directa al pedido formal realizado por la querella, que actuó en representación de las víctimas y solicitó que no se postergara más la aplicación efectiva de la Justicia. La resolución, que lleva la rúbrica de la jueza Ana del Carmen Figueredo, establece un protocolo estricto para que, una vez que la detención de Dahse se haga efectiva, se informe de inmediato al Juzgado de Ejecución de Condena.