Se prohibirán beneficios estatales a entidades que reivindiquen delitos de lesa humanidad
La Cámara Baja Provincial convirtió en ley un proyecto que impide subsidios, convenios y apoyos oficiales a organizaciones que realicen apologías del terrorismo de estado o de condenados por violaciones a los derechos humanos.
LA INICIATIVA APROBADA AYER EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS ADQUIERE RELEVANCIA EN UN CONTEXTO NACIONAL DONDE EN DISTINTOS SECTORES POLÍTICOS Y SOCIALES RESURGEN DEBATES SOBRE EL ALCANCE DE LAS POLÍTICAS DE MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.
La Cámara de Diputados de Corrientes sancionó una ley que establece límites al financiamiento y respaldo institucional que el Estado provincial puede otorgar a asociaciones civiles, fundaciones u organizaciones que reivindiquen delitos de lesa humanidad o realicen apologías vinculadas al terrorismo de Estado.
La normativa prohíbe expresamente que el Poder Ejecutivo provincial, sus ministerios, organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas estatales concedan subsidios, donaciones, créditos, auspicios, avales o convenios a instituciones que promuevan homenajes, conmemoraciones o manifestaciones de apoyo hacia personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos.
El proyecto fue impulsado por el bloque de la Unión Cívica Radical y obtuvo el respaldo mayoritario del cuerpo legislativo. Entre sus fundamentos, se señala la necesidad de prevenir la banalización del terrorismo de Estado y fortalecer las políticas de memoria y defensa de los derechos humanos.
Con la sanción de esta ley, la provincia fija un criterio institucional sobre el destino de los recursos públicos y establece que el Estado no podrá transformarse en sostén económico o simbólico de prácticas consideradas contrarias a los principios democráticos y al orden público.
La iniciativa adquiere relevancia en un contexto nacional donde en distintos sectores políticos y sociales resurgen debates sobre el alcance de las políticas de memoria, verdad y justicia impulsadas desde el retorno de la democracia. En ese marco, la nueva legislación correntina busca dejar explícita la posición del Estado provincial respecto de la reivindicación de crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
Durante la misma sesión legislativa también obtuvo media sanción otro proyecto vinculado a la temática de derechos humanos. La propuesta, presentada por la diputada Ana Almirón, establece que toda documentación oficial del Estado provincial lleve la leyenda: "2026 - 50° aniversario del último Golpe de Estado en Argentina. Nunca Más".