Niño N: Imputaron al abogado Codazzi por colaborar con Santos Regis

El avance de la investigación en torno a la desaparición y presunta sustracción del niño N.  ha generado un nuevo e impactante capítulo judicial con la formalización de los cargos contra el abogado José Fernández Codazzi. El fiscal Javier Mosquera determinó la imputación del letrado bajo las figuras de encubrimiento agravado y participación necesaria en el hecho que conmociona a la provincia. Este movimiento del Ministerio Público Fiscal se produce tras un minucioso análisis de las pruebas recolectadas hasta el momento, situando al abogado en el centro de una trama que excede el mero ejercicio profesional para ingresar en el terreno de la responsabilidad penal directa.

Previo a que se conociera la resolución final del Ministerio Público, el defensor oficial, Fernando Ranaletti, quien representa los intereses de Codazzi, brindó declaraciones radicales sobre el escenario que enfrenta su asistido. El defensor confirmó que el cronograma judicial de la jornada se dividió en dos instancias cruciales. La primera de ellas, realizada en horas del mediodía, tuvo como objetivo central la notificación formal de la imputación. En este acto procesal, el fiscal Mosquera informó a Codazzi sobre los hechos específicos que se le atribuyen, detallando las evidencias que lo vinculan con la desaparición del menor y las responsabilidades que se desprenden de su accionar en los momentos críticos de la investigación.

Uno de los puntos de mayor tensión durante las horas previas fue la posibilidad de que la calificación legal fuera incluso más severa. Ranaletti había advertido que la fiscalía barajaba inicialmente la figura de participación primaria en la sustracción de menores. Según explicó el defensor oficial, esta tipificación es extremadamente compleja y delicada, dado que legalmente conlleva la misma escala penal que la que se aplica al autor material del hecho. El debate jurídico se centró en determinar si el encuadre legal se adaptaba fielmente a la actividad desplegada por Codazzi, especialmente en lo referido al traslado de Josías Santos Regis y su hijo de seis años, un evento que la justicia considera clave para entender la logística detrás de la desaparición del niño N.

La defensa ha manifestado que la comisión del delito y el contexto en el cual se produjeron los movimientos de Codazzi deberán estar debidamente acreditados por las autoridades judiciales. Para Ranaletti, resulta fundamental analizar si la intervención de su defendido respondió a un plan criminal o si existen elementos que permitan deslindar su responsabilidad. No obstante, la decisión del fiscal Mosquera de imputarlo por encubrimiento agravado y como partícipe necesario indica que, para la acusación, existen elementos de convicción suficientes para sostener que el abogado facilitó u ocultó maniobras destinadas a sustraer al menor de su ámbito legal o a entorpecer el hallazgo del mismo.

Tras la confirmación de la imputación, la atención se desplazó hacia la segunda instancia del día: la audiencia de coerción. Este procedimiento es el que define el futuro inmediato del imputado en términos de libertad ambulatoria. En este marco, el juez interviniente debe evaluar si existen riesgos procesales, tales como el peligro de fuga o la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, que justifiquen el dictado de una prisión preventiva, detallaron ayer fuentes cercanas a la pesquisa judicial.