Dictaron prisión preventiva contra el ciudadano brasilero que raptó y mantuvo en cautiverio a su hijo  

FUE CAPTURADO CON LA COLABORACIÓN DE CIVILES EN UN CAMPO. 

La Justicia de la ciudad de Esquina ha dado un paso determinante en la causa que investiga el estremecedor caso del niño N, una causa que mantiene en vilo a la provincia de Corrientes y que ha generado un intenso debate sobre las responsabilidades penales y el accionar de los magistrados intervinientes. En una resolución que marca el pulso de la etapa instructoria, el Juzgado de Garantías dictó la prisión preventiva para el ciudadano brasileño Josías Santos Regis, quien permanecerá tras las rejas hasta la realización del juicio oral. La medida, oficializada a través de la Resolución N°182, fue firmada por el juez Jorge Gustavo Vallejos este 8 de mayo tras una audiencia donde se evaluaron los riesgos procesales y la gravedad de las imputaciones que pesan sobre el extranjero.

Josías Santos Regis enfrenta cargos extremadamente severos que reflejan la complejidad y el horror de los hechos investigados. La fiscalía le imputa los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y supresión de menores en concurso real. Según el marco legal citado en el expediente judicial, estas figuras penales contemplan agravantes específicas y el uso de armas, lo que coloca al imputado en una situación procesal muy delicada. El magistrado consideró que no existían condiciones para otorgar medidas de coerción alternativas, rechazando de plano los planteos de la defensa y ordenando que el acusado continúe alojado en las instalaciones de la Comisaría Segunda de Esquina, bajo estrictas medidas de vigilancia y a disposición directa del juzgado.

Sin embargo, el avance en la situación de Santos Regis no ha logrado calmar las aguas en el ámbito judicial, ya que el fiscal de investigaciones, Javier Mosquera, ha manifestado públicamente sus discrepancias respecto a otros aspectos del manejo de la causa. En declaraciones recientes, Mosquera dirigió duras críticas hacia el proceder del juez Vallejos, señalando una supuesta falta de congruencia en sus decisiones. 

El fiscal cuestionó que el magistrado haya resuelto dictar la prisión preventiva para el abogado José Fernández Codazzi, asegurando que se trató de una medida que nadie había solicitado formalmente en esos términos. Para el representante del Ministerio Público, esta decisión resulta llamativa frente a la omisión de otros pedidos concretos realizados por la fiscalía.

La principal queja del fiscal radica en que, mientras se avanzó de oficio sobre la libertad de Codazzi, el juez no se ha pronunciado aún sobre la solicitud de suspensión de la matrícula profesional del mencionado abogado. Esta petición es considerada clave por los investigadores para evitar cualquier tipo de obstaculización en el proceso, dada la influencia y el rol que el letrado ha desempeñado en el entramado del caso. Mosquera fue tajante al afirmar que el juez resolvió sobre cuestiones no peticionadas y guardó silencio sobre aquellas que sí fueron puestas a su consideración por la parte acusadora. Esta tensión institucional promete sumar nuevos episodios cuando el próximo lunes se den a conocer las definiciones del Tribunal que podrían rectificar o ratificar el rumbo de la investigación.

Mientras tanto, la Oficina Judicial ya ha procedido a librar los oficios correspondientes a la Jefatura de Policía de la Provincia de Corrientes y al Registro Nacional de Reincidencia para registrar los antecedentes y la situación actual del imputado brasileño.