Misiones aprobó aplicación de narcotest a funcionarios
La medida alcanza a autoridades del Ejecutivo provincial, policías y servicio penitenciario.
La provincia de Misiones empieza a aplicar el narcotest a funcionarios del Poder Ejecutivo, policías y Servicio Penitenciario. Se trata de una medida inédita que comunicó el último viernes el gobernador Hugo Passalacqua, que apunta, según expresó el mandatario provincial, a garantizar "idoneidad, ética y transparencia" en el ejercicio de la función pública. En Corrientes un proyecto de ley similar a la medida tomada en la vecina provincia fue presentado en la Cámara de Diputados el 1 de marzo pasado, pero hubo resistencia a tratarlo. Desde entonces el tema no pudo prosperar en su tratamiento debido a que la mayoría oficialista provincial bloqueó su debate en el recinto. Está en diferentes comisiones de la Cámara baja.
En una decisión inédita en la provincia, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó el Decreto N° 776 que establece narcotest obligatorios, anuales y aleatorios para funcionarios del Poder Ejecutivo, fuerzas de seguridad, Servicio Penitenciario y agentes de Salud Pública. Misiones se suma así a las provincias de San Luis, Salta, Córdoba, Santa Fe y Neuquén, donde ya se aplica.
La medida fue anunciada en el marco del "Año de la Prevención de Consumos Problemáticos" y apunta, según expresó el mandatario, a garantizar "idoneidad, ética y transparencia" en el ejercicio de la función pública. "Gobernamos para dar el ejemplo cada día", sostuvo Passalacqua al comunicar la decisión.
ALCANCES
El decreto alcanza al gobernador, vicegobernador, ministros, autoridades superiores y personal jerárquico de la administración pública provincial. También incluye a integrantes de entes autárquicos, sociedades del Estado y empresas con participación estatal mayoritaria.
Además, la normativa incorpora a policías, agentes penitenciarios y trabajadores del sistema público de salud, sectores considerados estratégicos dentro del funcionamiento del Estado provincial.
Los controles serán obligatorios, preventivos y realizados de manera aleatoria cada año para detectar consumo de sustancias psicoadictivas ilegales. La decisión instala un mensaje político fuerte en medio de una creciente demanda social de transparencia y control sobre quienes ocupan cargos públicos.
El decreto además establece que, si se detectan sustancias ilegales, deberán activarse los mecanismos previstos por la Constitución provincial y las normas vigentes.