Senado recibirá a postulantes a cubrir cargos en la justicia.

El Senado realizará dos nuevas Audiencias Publicas donde rendirán exámenes para ascender en la Justicia, entre los que se encuentran Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, y la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Ana María Cristina Juan, en otro claro guiño a la familia judicial. El Senado ya realizó tres audiencias donde expusieron 47 candidatos a jueces, defensores y fiscales, y esta semana lo harán otros 30 ante la Comisión de Acuerdos, que preside Juan Carlos Paggoto. De todos modos, el oficialismo no pudo lograr aún obtener dictamen a favor de esos pliegos porque los senadores dialoguistas se resisten a firmar esos despachos hasta el Gobierno no mande los candidatos a ocupar juzgados en el interior del país. Esto demora su tratamiento en el recinto de sesiones. Por ese motivo, los senadores de la UCR, PRO y bloques provinciales aguardarán que entre hoy lunes y mañana lleguen otros cuarenta pliegos con postulantes del interior del país, que tendrán ingreso parlamentario junto otros 22 en la sesión del próximo jueves 14. Lo que sucede es que los dictámenes respaldando esos pliegos que se pusieron a la firma no reunieron todavía las 9 firmas necesarias para que se convierta en un despacho habilitado para ser tratado en una sesión ordinaria. Uno de los que debía firmar esos despachos era el presidente del bloque macrista, Martín Goerling Lara, y otro es el radical Maximiliano Abad. "No vamos a firmar los dictámenes hasta que no ingresen los pliegos de los jueces del interior del país", dijo un senador a fuente parlamentaria a NA. Familia judicial Para completar las Audiencias Públicas de esta primera tanda faltan las audiencias del miércoles 13 y jueves 14, donde expondrán otros 30 candidatos a un cargo en el Congreso, entre los que figuran varios postulantes de la llamada "familia judicial"´ La próxima semana rendirán exámenes ante los senadores, Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; Laureano Duran, hijo del ex camarista Alberto Duran; y Ana María Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien está a cargo de la investigación por la presunta megaestafa Libra. El miércoles lo harán el ex juez subrogante del juzgado federal de La Plata, Laureano Duran, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de La Plata. También la misma jornada rendirá examen ante la comisión de Acuerdos Ana María Cristina Juan, como candidata a jueza de primera instancia en el juzgado de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. En la misma jornada expondrán el secretario de juzgado Juan Pedro Guidici, postulado como juez del Juzgado de Primera instancia en lo Comercial de la Capital Federal y el fiscal de Morón, Mario Ferrario como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín. El jueves 14 será el turno de Rosatti como juez del tribunal federal de Juicio de Santa Fe, quien no había terminado bien en el orden de mérito dado -le fue muy bien en el examen escrito, pero tuvo un menor porcentaje en el análisis de los antecedentes y quedó cuarto en el orden de merito. Una subcomisión del Consejo evaluó los exámenes y ubicó a Rosatti en la terna en tercer lugar, que luego de la entrevista personal pasó al primero. La terna fue aprobada en una reunión plenaria del 29 de mayo de 2024 por unanimidad con la presencia de 19 consejeros, en una audiencia que no contó con la presencia de Horacio Rosatti.

 Expertos apoyaron el proyecto para la selección de jueces

DATO: La reunión había sido convocada por la consejera Fernanda Vázquez como presidenta de la comisión de Selección y el consejero Alberto Lugones como titular de la de Reglamentación. 

Las comisiones de Selección de Magistrados y Escuela Judicial y de Reglamentación del Consejo de la Magistratura celebraron una reunión conjunta en la Sala de Plenario "Dr. Lino Palacio" para escuchar a cinco organizaciones de la sociedad civil sobre la reforma al sistema de selección de jueces que impulsó la Corte Suprema a través de la Acordada 4/2026, aprobada el 25 de marzo con las firmas de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La jornada del pasado jueves en el segundo piso de la sede central del organismo constituyó el tercer encuentro formal desde que el Consejo abrió el tratamiento de esa iniciativa. La reunión había sido convocada por la consejera Fernanda Vázquez como presidenta de la comisión de Selección y el consejero Alberto Lugones como titular de la de Reglamentación. Ante los consejeros expusieron Inés Castresana por Poder Ciudadano, el ex ministro de Justicia Germán Garavano por Unidos por la Justicia, Martín Casares por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), Diana Cohen Agrest por Usina de Justicia y el ex consejero Pablo Tonelli por la Fundación Nuevas Generaciones. Todas las entidades respaldaron el proyecto, aunque con matices y advertencias. Castresana consideró que "las deficiencias que tiene el proceso actual se ven en la práctica, lo que erosiona la eficiencia e independencia del sistema". Destacó como "lo más acertado" el achicamiento del peso de la entrevista personal, "que es la etapa más discrecional del proceso", y advirtió que el proyecto "no termina de limitar el margen de discrecionalidad existente". También planteó que el texto contiene hay cuestiones que deben mejorarse, entre ellas los concursos anticipados y los concursos múltiples, sobre los que dijo que "presentan desafíos." Garavano fue más enfático en su respaldo: "Apoyamos la iniciativa de la Corte. Creemos que es valiosa para reducir determinados niveles de arbitrariedad o que de afuera se han visto así." En ese plano, el titular de la cartera de Justicia bajo la presidencia de Mauricio Macri propuso incorporar al debate criterios de gestión y desempeño en las unidades judiciales, más allá de la capacidad académica que presenta el proyecto. Por su parte, Casares, de FORES, coincidió en que "la tarea del Consejo tiene que ser técnica, que tenga criterios meritocráticos medibles, explicables, que tenga una rendición de cuentas aceptable", y calificó la Acordada 4/2026 del Máximo Tribunal como "un avance institucional relevante".