Decretaron otra amenaza de tiroteo, esta vez a metros de la Jefatura de Policía 

Un nuevo incidente ha puesto de manifiesto la sensibilidad extrema que rodea a la seguridad en el ámbito escolar de la ciudad de Corrientes. El escenario de esta preocupación fue el Colegio Informático San Juan de Vera, una institución de gestión privada que congrega a cientos de alumnos en sus niveles inicial, primario y secundario, ubicada enfrente del ministerio de Seguridad y a metros de la Jefatura y la casa de Gobierno. Lo que comenzó como un rumor en los pasillos terminó convirtiéndose en un operativo de seguridad y una investigación en curso tras el hallazgo de un mensaje que, aunque breve y de origen incierto, activó todas las señales de alerta ante la posibilidad de un acto de violencia armada dentro del establecimiento educativo.

El foco del conflicto se originó en uno de los sectores de sanitarios del edificio escolar, donde se detectó una inscripción que contenía la palabra tiroteo. Según trascendió, el mensaje se encontraba parcialmente borrado, lo que añade una capa de ambigüedad sobre la intención de quien lo escribió, pero no restó gravedad a la respuesta institucional. En un contexto donde la violencia escolar ha dejado de ser una problemática lejana para convertirse en una realidad que se monitorea día a día, las autoridades del colegio decidieron no minimizar el hallazgo. De manera inmediata, el personal directivo se puso en contacto con la Policía de Corrientes para solicitar su intervención y garantizar la integridad física de los estudiantes y el personal docente.

Este suceso en la capital correntina no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una tendencia preocupante que ha afectado a diversas provincias argentinas en los últimos meses. Recientemente, se ha informado sobre la judicialización de al menos quince instituciones educativas en el país debido a situaciones de naturaleza similar. Los especialistas en seguridad y psicología educativa coinciden en un diagnóstico inquietante: en muchos de estos casos, no se está buscando imitar un tiroteo real, sino que se imita la amenaza misma. Esta distinción es fundamental para entender el fenómeno de la réplica o el efecto contagio, donde el objetivo principal es generar caos, interrumpir el ciclo lectivo y capturar la atención mediática y de las redes sociales a través del miedo.

A pesar de la movilización policial y la tensión generada entre los tutores que se acercaron al establecimiento para buscar información, las autoridades gubernamentales y policiales han mantenido una postura de cautela extrema. Hasta el momento, no se han emitido comunicados oficiales que brinden detalles específicos sobre el avance de las pericias o sobre la identificación de posibles sospechosos. La falta de información oficial suele alimentar la incertidumbre en los grupos de padres, pero desde la investigación se justifica el hermetismo como una medida necesaria para no entorpecer las diligencias y para evitar que el incidente cobre una dimensión aún mayor que potencie su efecto imitativo en otros jóvenes.

Por su parte, el Ministerio de Educación ha sido enfático en oportunidades anteriores respecto a las consecuencias de estas acciones. Las amenazas, aunque resulten ser bromas de mal gusto o intentos de evitar evaluaciones escolares, conllevan sanciones disciplinarias severas y, en muchos casos, consecuencias legales para los responsables o sus tutores. La activación de protocolos preventivos implica un despliegue de recursos públicos que la justicia no está dispuesta a pasar por alto. Mientras la investigación continúa su curso, la comunidad educativa permanece en estado de observación, esperando que la situación se aclare y que se restablezca el clima de normalidad indispensable para el aprendizaje de los estudiantes, hoy en el centro de la polémica.