Subsidios para evitar el colapso, no para aliviar el bolsillo del pasajero

El transporte público del interior del país atraviesa una crisis que dejó de ser coyuntural para transformarse en estructural. La eliminación del Fondo Compensador del Transporte dispuesto por el Gobierno nacional en enero de 2024 terminó por trasladar a provincias y municipios una responsabilidad que hoy demanda cifras millonarias para impedir el derrumbe definitivo del sistema. Corrientes no quedó al margen de esa realidad. Por el contrario, acaba de crear un fondo especial de 4.800 millones de pesos destinado a subsidiar el transporte urbano e interurbano de pasajeros, en un escenario de creciente deterioro del servicio y caída constante de usuarios.

La medida provincial aparece como un salvataje imprescindible. Sin subsidios, muchas empresas difícilmente podrían sostener recorridos, frecuencias o salarios en un contexto donde el combustible aumenta de manera permanente, los costos operativos se disparan y la cantidad de pasajeros sigue disminuyendo. Pero también deja planteado un interrogante inevitable: ¿hasta cuándo los subsidios estarán destinados únicamente a sostener empresas y no a mejorar realmente la calidad del servicio o aliviar el bolsillo de los usuarios?

Porque mientras el Estado provincial inyecta recursos para evitar el colapso, miles de correntinos siguen pagando boletos caros por un sistema deficiente. Las frecuencias se reducen, las esperas se extienden, las unidades circulan abarrotadas en horarios pico y en muchos barrios el colectivo dejó de ser una herramienta confiable para convertirse en una incertidumbre cotidiana. A eso se suma la disminución de servicios nocturnos y la permanente sensación de que el sistema funciona apenas sostenido por parches.

La paradoja es evidente. Nunca hubo tantos recursos públicos destinados a evitar el derrumbe del transporte y, sin embargo, nunca fue tan notorio el malestar de los pasajeros. El problema no es solamente financiero. También es de planificación, de control y de prioridades.

En provincias como Mendoza, Neuquén o Córdoba los subsidios representan porcentajes significativos de los presupuestos locales. Corrientes ahora también decidió destinar una cifra multimillonaria para sostener el servicio. El argumento es razonable: sin asistencia estatal el sistema sería inviable. Pero el usuario común difícilmente perciba ese esfuerzo cuando debe destinar una parte cada vez mayor de su salario para viajar en un colectivo que muchas veces llega tarde, no pasa o circula con escasa frecuencia.

Los salarios correntinos, golpeados por la inflación y el encarecimiento general del costo de vida, ya no alcanzan para cubrir con comodidad necesidades básicas. En ese contexto, el boleto urbano se transforma en un gasto pesado para trabajadores, estudiantes y familias enteras que dependen diariamente del transporte público. Y el riesgo es evidente: cuanto más caro y peor es el servicio, más pasajeros se pierden. Y cuantos menos pasajeros viajan, más presión existe para nuevos aumentos tarifarios o mayores subsidios.

Se genera así un círculo vicioso del que resulta difícil salir. El sistema pierde usuarios porque funciona mal y es caro, pero necesita recaudar más porque tiene menos pasajeros. Entonces aparecen nuevos subsidios para evitar el colapso, aunque sin modificar las condiciones de fondo que provocaron la crisis.

El desafío ya no pasa únicamente por sostener empresas. También debería incluir una discusión seria sobre accesibilidad, calidad del servicio y tarifas razonables. Porque subsidiar el transporte no puede ser solamente evitar que desaparezca. También debería significar garantizar que quienes todavía lo utilizan puedan hacerlo sin que viajar se convierta en otro lujo imposible dentro de una economía cada vez más asfixiante.

Cuanto más caro y peor es el servicio, más pasajeros se pierden. Y cuantos menos pasajeros viajan, más presión existe para nuevos aumentos tarifarios o mayores subsidios.