Anularon un sobreseimiento por no haberle dado participación a la Asesoría de Menores
La resolución del tribunal de alzada revirtió el dictamen en la instancia previa en la que los jueces habían deslindado de culpa y cargo al acusado sin permitir la intervención del ministerio pupilar.
En una resolución de profundo impacto para el andamiaje judicial de la provincia de Corrientes, el Tribunal de Revisión dictó un fallo unánime que redefine las garantías de los menores de edad dentro del sistema de enjuiciamiento criminal. Mediante esta decisión, fechada el 13 de mayo, el órgano jurisdiccional reconoció al asesor de Menores como un sujeto esencial del proceso penal en todas aquellas causas donde la víctima sea un niño, niña o adolescente. Como consecuencia directa de este nuevo criterio interpretativo, el tribunal dispuso la nulidad absoluta de un sobreseimiento que había sido dictado en el marco de una investigación donde la persona damnificada era un menor de edad, debido a que se omitió notificar previamente al representante del Ministerio Pupilar, impidiéndole ejercer su rol de control y tutela.
La histórica resolución fue adoptada por los integrantes del Tribunal de Revisión, Karina Elizabeth Asselborn, Mario Alberto Alegre y Diego Roberto Núñez Hüel. El tribunal debió abocarse al análisis de un recurso de impugnación que había sido presentado por la asesora de Menores subrogante. La funcionaria judicial recurrió la decisión de un magistrado de grado inferior que había decretado el sobreseimiento del imputado y, consecuentemente, el cierre definitivo de las actuaciones, argumentando que tal resolución se adoptó a sus espaldas, privando al niño involucrado de una asistencia técnica y legal efectiva en un momento crucial del procedimiento.
Al evaluar los agravios, el Tribunal de Revisión detectó una controversia central respecto a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal de Corrientes. El nudo gordiano del debate giraba en torno al artículo 290 de la mencionada norma ritual, el cual regula de manera taxativa el trámite para dictar un sobreseimiento. Dicho artículo establece con claridad que la solicitud de sobreseimiento debe ser notificada a la parte querellante para que ejerza su derecho a formular oposiciones, pero guarda un absoluto silencio respecto a la figura del asesor de Menores.
Los magistrados concluyeron que la falta de mención explícita del asesor de Menores en el artículo 290 no puede ser interpretada como una exclusión voluntaria del legislador ni mucho menos como una autorización para prescindir de su dictamen. El fallo dictaminó que cuando los derechos de un menor de edad se encuentran en juego, la intervención del Ministerio Pupilar no reviste un carácter accesorio o secundario, sino que se erige como una pieza fundamental de la estructura procesal. Por lo tanto, cualquier acto jurisdiccional de tal trascendencia, como lo es la desvinculación definitiva de un investigado, que se tome sin dar vista previa a la asesoría, se encuentra viciado de una nulidad insanable por violentar las formas esenciales del procedimiento.
Para fundamentar jurídicamente esta posición innovadora, que expande las fronteras del esquema procesal correntino, el tribunal recurrió a un bloque de constitucionalidad y a la normativa internacional de Derechos Humanos.