Transporte urbano: cuando la emergencia se vuelve permanente

Cada vez que el transporte urbano de pasajeros en Corrientes entra en crisis, la escena se repite con precisión casi matemática. Empresarios que advierten sobre números imposibles de sostener. Choferes que reclaman salarios atrasados o insuficientes. El Estado provincial que aparece con subsidios extraordinarios para evitar el colapso. Y, en el medio de todos, los usuarios, cautivos de un sistema caro, deficiente y siempre al borde de una nueva tormenta.

La novedad conocida ayer -una propuesta salarial de la Cámara de Empresas de Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc) ante la Secretaría de Trabajo- vuelve a abrir interrogantes que nadie responde con claridad. Porque si bien todavía no trascendió el monto ofrecido a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), todo indica que difícilmente se acerque a la escala salarial que rige a nivel nacional y que el gremio reclama desde hace meses.

Entonces surge la primera pregunta inevitable: si el acuerdo no satisface las demandas sindicales, ¿la UTA aceptará mantener la paz social en el marco del Proceso Preventivo de Crisis? ¿Habrá una tregua silenciosa para evitar medidas de fuerza o simplemente se está postergando un conflicto que reaparecerá más adelante?

No es un dato menor. El transporte urbano ya demostró en reiteradas ocasiones que cualquier tensión salarial termina trasladándose a la calle, afectando directamente a miles de trabajadores, estudiantes y vecinos correntinos que dependen del servicio para llegar a sus actividades cotidianas. En Corrientes, el usuario siempre queda rehén de una discusión donde rara vez tiene voz.

Pero tampoco puede omitirse otro elemento central: el enorme esfuerzo financiero realizado por el Estado provincial. Corrientes, al igual que otras jurisdicciones del interior tras la quita de subsidios nacionales, creó un fondo específico para sostener al sistema. En este caso por 4.800 millones de pesos. Es decir, mientras las empresas argumentan atravesar una situación límite, existe una asistencia pública millonaria destinada justamente a evitar el derrumbe del servicio.

Y allí aparece otra discusión incómoda. Si hay subsidios provinciales extraordinarios, si se sostiene un esquema de ayuda estatal y si además los usuarios pagan uno de los boletos más caros del Nordeste, ¿puede garantizarse que no habrá un nuevo pedido de aumento tarifario? La experiencia reciente indica que no. Cada mejora salarial, cada incremento del combustible o cada desfase financiero termina desembocando, tarde o temprano, en la misma receta: subir el boleto.

El problema es que el bolsillo social ya no resiste. Para miles de familias correntinas, viajar en colectivo dejó de ser un gasto menor. El transporte consume una porción cada vez más importante de los ingresos, en una provincia donde los salarios también vienen perdiendo contra la inflación desde hace años.

Lo preocupante es que el debate vuelve a centrarse exclusivamente en cómo sostener económicamente a las empresas, sin discutir a fondo la calidad del servicio que reciben los pasajeros. Frecuencias irregulares, largas esperas, unidades colmadas y reducción de recorridos son parte de una postal cotidiana que no parece modificarse pese a los subsidios, los aumentos y las sucesivas negociaciones.

La crisis del transporte del interior es real y nacional. La quita del Fondo Compensador Nacional agravó una situación estructural que ya era delicada. Pero esa explicación, aunque válida, no puede transformarse en una excusa permanente para justificar un sistema que sobrevive gracias al aporte estatal y al sacrificio de usuarios que pagan cada vez más por un servicio que no mejora.

La negociación abierta entre empresarios y la UTA puede desactivar momentáneamente un conflicto. Sin embargo, el problema de fondo sigue intacto: nadie parece dispuesto a discutir un modelo sustentable, transparente y eficiente para el transporte público correntino. Mientras tanto, el boleto de siempre continúa cayendo sobre los mismos de siempre.