Nación deja de financiar los pasajes gratuitos en micros de larga distancia
La gratuidad para discapacitados, trasplantados y niños con cáncer continúa vigente por ley, pero las empresas deberán absorber el costo de los boletos sin compensación económica del estado.
El Gobierno nacional resolvió dejar de financiar el sistema de pasajes gratuitos en micros de larga distancia destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con diagnóstico oncológico, aunque mantendrá vigente la obligación legal de las empresas de garantizar esos boletos sin cargo.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, y elimina el esquema de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las compañías de transporte por cada ticket emitido bajo este régimen especial.
Hasta ahora, las empresas recibían subsidios parciales por los pasajes gratuitos contemplados en la Ley 22.431 para personas con discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas o en lista de espera del Sintra y la Ley 27.674 de protección integral para niños, niñas y adolescentes con cáncer.
Con la nueva disposición, el Ejecutivo nacional decidió retirar ese aporte económico y trasladar el costo del beneficio directamente a las compañías de transporte. Sin embargo, aclaró que los derechos adquiridos por los pasajeros continúan plenamente vigentes y que las firmas deberán seguir otorgando los boletos gratuitos.
SUBSIDIOS POR EMERGENCIA
Desde el Gobierno argumentaron que el esquema de subsidios había sido creado en un contexto de emergencia y bajo un sistema de fuerte regulación estatal sobre tarifas y recorridos. Según sostienen, el escenario cambió tras la desregulación del transporte interjurisdiccional impulsada mediante el Decreto 883/2024, que estableció un régimen de libertad tarifaria y mayor competencia entre operadores.
En ese marco, la administración de Javier Milei considera que las empresas cuentan ahora con herramientas para absorber dentro de su estructura comercial el costo de los pasajes gratuitos exigidos por ley.
La resolución remarca expresamente que la gratuidad "permanece plenamente vigente y exigible frente a los transportistas", por lo que las personas alcanzadas por estas normas continuarán teniendo derecho a viajar sin cargo en los servicios de larga distancia.
El cambio impacta exclusivamente en la relación financiera entre el Estado y las compañías privadas, ya que la obligación legal de emitir los boletos gratuitos no fue modificada.
Para garantizar el cumplimiento del sistema, el Gobierno encomendó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte mantener los mecanismos de control y fiscalización sobre las empresas de transporte.
La medida ya entró en vigencia tras su publicación oficial, aunque contempla el pago de compensaciones que hubieran sido generadas antes de la entrada en vigor de la resolución.
La decisión genera expectativa entre organizaciones vinculadas a la discapacidad y entidades de usuarios, ante la posibilidad de que algunas empresas intenten restringir cupos o dificultar el acceso a los pasajes gratuitos pese a que el derecho continúa protegido por ley.