El ladrillo sigue esperando

Uno de los principales inconvenientes que presenta el programa económico desplegado por la administración libertaria es el empleo.

Sin obra pública, bajo el concepto explicitado desde las escalinatas del Congreso el 10 de diciembre de 2023 por el presidente Javier Milei, ese de "No hay plata", se avanzó con medidas que conspiraron contra el empleo, principalmente el que se generaba con la obra pública.

Y allí el perjuicio directo se dio a los albañiles y los oficios relacionados a la construcción.

Es por ello que la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) denunció en la Cámara de Diputados que desde que asumió el presidente Javier Milei se perdieron más de 90 mil puestos de trabajo, de los cuales más de la mitad estaban dedicados a la construcción de viviendas.

Los dirigentes de la Uocra expusieron en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, que preside el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman, donde se analizó la situación de la construcción, de la inversión pública, vivienda social y el plan Procrear, confirmó la Agencia Noticias Argentinas. El director Ejecutivo de la Fundación Uocra, Gustavo Gándara, dijo que "desde que asumió el Gobierno actual se han perdido 91 mil puestos formales en la industria de la construcción, de los cuales entre 35 a 50 mil están dedicados a la construcción de la vivienda, y en particular a la vivienda social, que es mano de obra intensiva en comparación con las cuestiones viales".

En su disertación, Gándara pidió "tener datos fehacientes sobre la construcción de viviendas sociales en Argentina". Además reclamó "generar un estándar en términos de las normativas provinciales y municipales que traban permanentemente el desarrollo de la vivienda".

También alertó que hay "una dolencia del Estado que es la ausencia de políticas de formación para la recalificación de los trabajadores".

Por su parte, el titular de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (Fiic), Iván Szczech, advirtió que "debido al costo en dólares del metro cuadrado que imposibilita el desarrollo privado; y, si a eso le sumamos la falta de financiamiento y de crédito, hoy el acceso a la vivienda lamentablemente es un lujo para los argentinos".

"Más allá de los diferentes gobiernos, todos tenemos un deber que es trabajar para que deje de ser así", expresó Szczech.

A su vez, el presidente del Consejo Nacional de la Vivienda y secretario de Hábitat y Vivienda de Santa Fe, Lucas Crivelli, consideró "fundamental que se pueda trabajar en una ley nacional de vivienda".

Pidió hacer una tarea en conjunto entre las provincias, municipios, el sistema financiero y el sector inmobiliario para "encaminar todo lo necesario para que en un plazo de 10 o 15 años el déficit habitacional, que pensábamos que podía llevar 60 años, se salde y se achiquen los plazos".

La titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda de La Pampa, Érica Riboyra, manifestó que "cuando el Estado se corre para el rol de construcción de vivienda, no aparece mágicamente el mercado inmobiliario a solucionar ese problema". Destacó que "es fundamental que construyamos una Argentina que incluya a todos, también en materia de vivienda".

La cuestión entonces viene complicada para el sector y las actividades afines, aún sin fecha de retorno pese a los augurios oficiales de que la situación comenzó a revertirse. Aun, claramente, en un horizonte todavía oscuro.