El reflejo de una carencia

La creciente presencia de bicicletas en las calles de Corrientes no es una moda pasajera ni el resultado exclusivo de una mayor conciencia ambiental o de salud. Es, sobre todo, la consecuencia directa de una realidad que miles de vecinos padecen a diario: las deficiencias del sistema de transporte público urbano.

En los últimos años la ciudad ha visto crecer de manera sostenida tanto el parque automotor de motocicletas como el uso de bicicletas. Las razones son múltiples, pero existe un factor común imposible de ignorar: la necesidad de encontrar alternativas frente a un servicio de colectivos que cada vez ofrece menos respuestas y demanda más sacrificios económicos a los usuarios.

El reciente reclamo de vecinos por la suspensión de un recorrido de la línea 109 vuelve a poner en evidencia un problema que se repite en distintos sectores de la capital. La eliminación de la conexión por avenida Maipú, con ingreso por avenida Alta Gracia y vinculación con los barrios Independencia y Río Paraná, dejó a numerosos usuarios sin una herramienta fundamental para movilizarse. Trabajadores, estudiantes, pacientes que deben asistir a centros de salud y familias enteras se vieron obligados a reorganizar sus rutinas y, en muchos casos, a gastar más dinero para llegar a destino.

La situación es aún más preocupante porque se produce en un contexto donde el transporte urbano ya presenta limitaciones conocidas. Los servicios reducidos durante la noche, especialmente después de las 22, la menor frecuencia durante los fines de semana y los costos crecientes de los pasajes conforman un escenario que empuja a los ciudadanos a buscar otras opciones.

La bicicleta aparece entonces como una respuesta práctica y económica. Permite independencia horaria, evita largas esperas y reduce gastos en tiempos donde el bolsillo de las familias se encuentra cada vez más exigido. No es casual que su utilización haya aumentado notablemente en la ciudad.

En este marco, resulta positivo que la Cámara de Diputados analice iniciativas destinadas a mejorar la seguridad vial de los ciclistas. La propuesta que busca establecer una distancia mínima de sobrepaso, exigir elementos de seguridad y promover campañas de concientización apunta a una necesidad real. Quienes utilizan bicicletas forman parte de los actores más vulnerables del tránsito y merecen protección adecuada.

Sin embargo, conviene no perder de vista el origen del fenómeno. La expansión del uso de bicicletas no responde únicamente a una elección voluntaria de movilidad sustentable. En gran medida es una adaptación forzada ante un servicio público que no logra cubrir plenamente las necesidades de los usuarios.

También es importante recordar que la regulación y el control de la circulación urbana corresponden principalmente al Municipio. Más allá de las normas provinciales que puedan sancionarse, será la administración local la que deberá garantizar el cumplimiento efectivo de las reglas de tránsito, fiscalizar conductas y generar condiciones seguras para todos los actores de la vía pública.

La discusión sobre bicicletas, cascos, luces o distancias de adelantamiento es necesaria. Pero sería un error concentrar toda la atención en las consecuencias y olvidar las causas. Cuando un vecino opta por pedalear varios kilómetros para llegar a su trabajo, muchas veces no lo hace solamente por convicción ecológica o por beneficios para la salud. Lo hace porque necesita llegar. Porque el colectivo tarda demasiado, porque el recorrido desapareció o porque el costo de otras alternativas resulta inaccesible.

Corrientes necesita una política integral de movilidad. Una ciudad moderna debe promover el uso seguro de bicicletas y otros medios alternativos, pero también debe garantizar un transporte público eficiente, accesible y con cobertura suficiente. Mientras eso no ocurra, seguirán multiplicándose las motos y las bicicletas en las calles. Y ese crecimiento, lejos de ser únicamente una señal de progreso, será también el reflejo de una carencia que todavía espera solución.