El caso Agostinna generó una crisis en el municipio de la ciudad de Córdoba
El femicidio derivó en una importante movilización social en todo el país.
Las repercusiones del caso Agostina Vega, la adolescente asesinada cuyo cuerpo fue hallado hace casi una semana, continuaron ayer cuando el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, brindó declaraciones de fuerte contenido político y asumió la máxima responsabilidad gubernamental por las notorias fallas detectadas en los mecanismos de control del municipio. El mandatario local evitó ensayar justificaciones corporativas y reconoció de forma abierta que la estructura estatal a su cargo no funcionó de la manera adecuada para evitar la inserción laboral de personas con antecedentes complejos dentro de la administración pública, una situación que quedó al descubierto tras la detención del principal sospechoso del brutal homicidio que mantiene en vilo a la sociedad cordobesa.
Durante una extensa y pormenorizada entrevista concedida al medio televisivo El DoceTv, Passerini manifestó con suma firmeza que bajo ninguna circunstancia se puede intentar tapar o minimizar un acontecimiento que calificó como extremadamente grave, por lo cual confirmó que ya avanzó de manera decidida en la adopción de medidas de fondo en el terreno político y en el funcionamiento de las diversas instituciones que dependen directamente del Ejecutivo municipal. El jefe comunal describió el estado de profunda angustia colectiva que atraviesa la gestión desde el momento exacto en que se produjo el hallazgo de la joven víctima y admitió que una gran cantidad de las derivaciones colaterales que investiga la Justicia tienen una vinculación directa con el deficiente filtro de contrataciones de la propia Municipalidad de Córdoba. En ese sentido, el intendente reveló que a partir del trágico suceso comenzó a recibir una enorme cantidad de alertas ciudadanas en su teléfono particular, contabilizando más de doscientos mensajes que denuncian la presencia de agentes estatales prestando servicios en diversas áreas operativas a pesar de contar con condenas.
El escándalo institucional cobró una dimensión aún mayor al confirmarse que Claudio Barrelier, el principal acusado y detenido por el asesinato de la adolescente, formaba parte de la planta de empleados del Municipio, lo que forzó una reacción legislativa de carácter urgente por parte de la conducción política local.