La Justicia ordenó nuevas medidas para verificar el patrimonio de Adorni

MIENTRAS AVANZA LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL, MANUEL ADORNI TIENE PREVISTO ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE JAVIER MILEI EN EL ACTO POR EL DÍA DE LA BANDERA EN ROSARIO.

Dato numérico 

2012  

Es el año desde el cual la Justicia busca reconstruir el mercado cripto en Argentina para verificar las plataformas disponibles cuando Adorni dice haber empezado a invertir en Bitcoin. 

La investigación judicial que tiene bajo la lupa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas una nueva serie de medidas destinadas a profundizar el análisis de su evolución patrimonial y a corroborar las explicaciones que brindó recientemente sobre el origen de parte de su fortuna. El expediente, que analiza un presunto enriquecimiento ilícito, avanza ahora sobre dos ejes centrales: las inversiones en criptomonedas realizadas durante la última década y distintos movimientos patrimoniales vinculados a propiedades y a su entorno familiar.

En esta nueva etapa, la fiscalía ordenó requerimientos de información para reconstruir el escenario en el que Adorni asegura haber comenzado a invertir en Bitcoin. La intención es determinar qué posibilidades reales existían para operar en el mercado de activos digitales durante aquellos años y si las ganancias mencionadas por el funcionario resultan compatibles con el desarrollo que tenía entonces el ecosistema cripto.

La investigación tomó impulso luego de que Adorni atribuyera gran parte del crecimiento de su patrimonio a inversiones realizadas entre 2013 y 2018, cuando el mercado de criptomonedas todavía se encontraba en una etapa temprana de expansión. A partir de esas declaraciones, los investigadores buscan establecer de qué manera se concretaron las operaciones, qué plataformas estaban disponibles en el país y cuáles eran las condiciones de acceso para los inversores argentinos.

Para ello, se solicitó información detallada sobre los exchanges, billeteras virtuales y demás intermediarios que operaron en Argentina desde 2012. Además, se requirió documentación relacionada con el marco regulatorio vigente durante aquellos años, con el objetivo de reconstruir el contexto en el que se habrían realizado las inversiones.

La fiscalía también incorporó al análisis estudios técnicos sobre la evolución histórica del Bitcoin. Los investigadores pretenden determinar si la magnitud de las ganancias declaradas puede justificarse a partir del comportamiento que tuvo el activo digital en los períodos mencionados y del capital que, según explicó el funcionario, destinó originalmente a esas operaciones.

La revisión no se limita al universo financiero. En paralelo, la Justicia comenzó a profundizar el análisis sobre distintos bienes inmuebles vinculados a Adorni. Uno de los puntos bajo observación es una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, donde el funcionario adquirió una vivienda que posteriormente fue sometida a importantes trabajos de remodelación.

Con el objetivo de reconstruir los gastos asociados a esas obras, se solicitaron registros de ingresos y egresos correspondientes al lote donde se encuentra la propiedad. Los investigadores buscan establecer el alcance de las reformas realizadas, identificar posibles contratistas y determinar si los desembolsos efectuados guardan relación con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron que el interés está puesto exclusivamente en aspectos patrimoniales relacionados con la vivienda y las obras ejecutadas, descartando cualquier análisis sobre cuestiones de índole personal o social.

La causa también comenzó a explorar información vinculada al entorno familiar del funcionario. En ese marco, los investigadores intentan corroborar datos sobre una presunta mudanza de su madre a un barrio privado de la localidad bonaerense de Berazategui. El objetivo es verificar si existen movimientos patrimoniales que puedan resultar relevantes para la investigación y determinar si guardan alguna relación con la evolución económica observada en los últimos años.

Las nuevas medidas reflejan una profundización de la pesquisa y muestran que la Justicia busca contrastar de manera exhaustiva cada una de las explicaciones ofrecidas por el funcionario. La estrategia apunta a reconstruir la trazabilidad de los fondos, verificar la consistencia de las inversiones mencionadas y determinar si existe correspondencia entre el patrimonio acumulado y los ingresos que pueden acreditarse documentalmente.

Mientras continúa la recolección de información financiera, registral y técnica, el expediente entra en una etapa clave. Los resultados de estas diligencias podrían aportar elementos decisivos para esclarecer el origen de los bienes investigados y definir los próximos pasos de una causa que ya tiene impacto político y mantiene bajo observación a uno de los principales funcionarios del Gobierno nacional.

REDOBLAN LA PRESIÓN

El PRO apoyará el pedido de remoción en el congreso 

La tensión entre el Gobierno y el PRO sumó un nuevo capítulo luego de que referentes del partido reclamarán la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y adelantaron que acompañarán un eventual pedido de censura o remoción en el Congreso.

Dirigentes de peso dentro de la fuerza consideraron que la continuidad del funcionario se volvió insostenible en medio de las investigaciones sobre la evolución de su patrimonio y cuestionaron las explicaciones brindadas hasta el momento. Además, advirtieron que la situación genera un fuerte desgaste para la gestión nacional.

Desde el espacio que lidera Mauricio Macri sostienen que el Ejecutivo debería resolver el conflicto antes de que el tema avance institucionalmente en el Parlamento. Sin embargo, dejaron en claro que, si la oposición impulsa una votación para remover al funcionario, el PRO acompañará la iniciativa.

El malestar dentro del partido se profundizó en los últimos días tras las declaraciones de Adorni sobre el origen de su crecimiento patrimonial, atribuido a inversiones realizadas años atrás. Las explicaciones no lograron disipar las dudas y reforzaron las críticas que el macrismo venía expresando desde hace meses.

La postura del PRO agrega presión política sobre el Gobierno en un momento clave, ya que el Congreso analiza distintos mecanismos para avanzar con el caso. Mientras tanto, el oficialismo enfrenta el desafío de contener una controversia que amenaza con tensar aún más la relación con uno de sus principales aliados legislativos.