El transporte vuelve a asomarse al abismo

Cada tanto el transporte público del interior argentino vuelve a quedar al borde del colapso. Cambian los gobiernos, las cifras y las excusas, pero el problema estructural permanece: un sistema que funciona con costos crecientes, subsidios insuficientes, tarifas altas y usuarios cada vez más resignados a viajar peor y pagar más.

La advertencia lanzada por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), que anticipa posibles recortes o cancelaciones de servicios desde este lunes 22 de junio, vuelve a encender una alarma conocida. El aumento del combustible, la falta de inversión, las demoras en las compensaciones nacionales y provinciales y la tensión salarial con la UTA configuran un cóctel explosivo que amenaza con repercutir directamente en quienes menos margen tienen para adaptarse: los pasajeros.

Corrientes no es ajena a ese panorama, aunque presenta algunas diferencias que atenúan el pronóstico más sombrío. Hace apenas un mes las empresas y la UTA Corrientes alcanzaron un acuerdo salarial que evitó un conflicto inmediato. Además, el Gobierno provincial creó un fondo para sostener los subsidios al transporte, una herramienta que busca amortiguar el impacto de la crisis y dar previsibilidad a las prestatarias.

Sin embargo, sería ingenuo pensar que la provincia está blindada. El sistema local también acusa el desgaste de años de precariedad y de una estructura de financiamiento desigual respecto del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde los subsidios continúan siendo mucho más generosos. La consecuencia es conocida: boletos más caros en el interior y empresas que sobreviven con márgenes cada vez más estrechos.

Como ocurre casi siempre, los usuarios quedan atrapados en el medio. Pagan tarifas elevadas, sufren reducciones de frecuencias y conviven con el fantasma permanente de las medidas de fuerza, utilizadas por empresarios y trabajadores como herramienta de presión en sus disputas. El transporte deja entonces de ser un servicio público para convertirse en un terreno de incertidumbre cotidiana.

En la capital correntina existe, además, un desafío adicional que no admite más demoras. El contrato de concesión del servicio urbano está vencido y la Municipalidad tiene pendiente el llamado a una nueva licitación. No se trata de una cuestión administrativa menor, es la oportunidad para discutir qué sistema necesita la ciudad para los próximos años: uno más eficiente, con unidades modernas, recorridos acordes a las nuevas demandas urbanas y reglas claras para todos los actores.

La crisis que hoy amenaza al interior puede no golpear con la misma fuerza en Corrientes, pero sería un error mirar hacia otro lado. Porque cuando el transporte se deteriora, no solo se resiente la movilidad, se afectan el trabajo, la educación, la salud y la calidad de vida de miles de personas.

Hay otro aspecto que no debe perderse de vista: el transporte es uno de los pocos servicios públicos cuya crisis se vuelve visible de inmediato. Cuando falta un colectivo, miles de personas llegan tarde a sus trabajos, los estudiantes tienen dificultades para asistir a clases y los barrios más alejados quedan prácticamente aislados. Por eso la discusión no puede limitarse a balances empresariales ni a disputas gremiales. Se trata de garantizar un derecho básico y de comprender que la conectividad urbana y regional es una condición indispensable para el desarrollo económico y la integración social de las provincias.

El desafío es romper con la lógica de la emergencia permanente. No alcanza con apagar incendios ni con esperar la próxima negociación salarial o el próximo auxilio financiero. Hace falta una política de Estado que garantice sustentabilidad, equidad y previsibilidad.

Porque detrás de cada colectivo que deja de circular hay una historia cotidiana que se interrumpe. Y detrás de cada crisis del transporte, una sociedad entera que vuelve a preguntarse por qué un servicio esencial sigue dependiendo, año tras año, de soluciones transitorias y de amenazas de paralización.