Advierten recortes de servicios en el transporte del interior del país

EN CORRIENTES ALERTARON QUE LA SITUACIÓN DEL TRANSPORTE ES CRÍTICA. 

 

DATO: Las empresas ya no pueden absorber los costos necesarios para mantener el ritmo habitual de operación.

 

El sistema de transporte público del interior del país atraviesa una situación crítica que podría derivar en recortes o cancelaciones de servicios desde el lunes 22 de junio, si no se alcanza una solución en las próximas horas. Así lo advirtió la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), que alertó sobre un escenario límite para las empresas del sector. 

Según la entidad, el problema responde a una combinación de factores que viene deteriorando la sustentabilidad del sistema: aumento sostenido de los costos operativos, subas en el precio del combustible, tarifas que no logran cubrir los gastos y una prolongada falta de inversión en la renovación de las unidades. A esto se suma un elemento clave: los atrasos en la transferencia de fondos y compensaciones tanto por parte del Estado nacional como de las provincias.

De acuerdo a lo que pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, desde Fatap señalaron que muchas empresas ya no pueden absorber los costos necesarios para mantener el ritmo habitual de operación, lo que abre la puerta a restricciones en los servicios en distintas ciudades del país. "Hemos llegado a una situación límite", advirtieron, al tiempo que reclamaron una respuesta urgente de las autoridades.

Desde la UTA seccional Corrientes señalaron a NORTE de Corrientes que hasta ayer a la tarde no habían recibido ningún comunicado oficial de Fatap, ni de los empresarios del transporte, pero reconocieron que "la situación del sistema de transporte en Corrientes es crítica".  

Tensión estructural

El diagnóstico del sector coincide con advertencias previas sobre la fragilidad del transporte en las provincias. En los últimos meses, empresas del interior ya habían reducido frecuencias, suspendido servicios nocturnos e incluso evaluado paralizaciones ante la falta de financiamiento.

Uno de los principales reclamos apunta a la deuda por programas de compensación, especialmente aquellos vinculados a los llamados "Atributos sociales" de la tarjeta Sube, que incluyen descuentos para jubilados y beneficiarios de planes sociales. Según las empresas, estos beneficios son financiados parcialmente con recursos propios ante la demora en los pagos estatales.

A esta situación se suma la desigual distribución de subsidios entre el interior y el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), un punto que el sector considera estructural. Mientras en la región metropolitana las tarifas continúan fuertemente subsidiadas, en el resto del país el costo real del boleto debería ser significativamente más alto para cubrir los gastos operativos.

La crisis no solo afecta la operación, sino también el empleo. Según estimaciones de Fatap, entre 2024 y 2026 se perdieron entre 9.000 y 11.000 puestos de trabajo en el sector del transporte automotor de pasajeros en el interior, en un contexto de reducción de actividad y falta de inversión.

Conflicto salarial 

El escenario se complejiza con el conflicto abierto entre las empresas y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El gremio mantiene reclamos por mejoras salariales y por el pago en tiempo y forma del aguinaldo, mientras que varias compañías admiten dificultades para cumplir con esas obligaciones.

En algunos casos las empresas evalúan abonar el medio aguinaldo en cuotas o de manera desdoblada, lo que podría aumentar la tensión laboral y derivar en medidas de fuerza en el corto plazo.

Un servicio en riesgo

El transporte público en el interior es, en muchas ciudades, el principal -y en algunos casos el único- medio de movilidad para millones de personas. Según datos del sector, el sistema garantiza decenas de millones de viajes mensuales, lo que refleja su rol central en la vida cotidiana y en la actividad económica regional.

Ante este escenario, Fatap reiteró su pedido de una solución integral que contemple tanto el financiamiento como la estructura tarifaria del sistema. De no alcanzarse un acuerdo en las próximas 72 horas, la próxima semana podría comenzar con servicios reducidos o suspendidos en distintos puntos del país.

La advertencia vuelve a poner en evidencia la fragilidad del esquema de transporte en el interior y plantea un desafío urgente para las autoridades: garantizar la continuidad de un servicio esencial en medio de un contexto económico complejo y de creciente conflictividad sectorial.