Caso Loan: terminó la segunda semana de audiencias y apenas declararon dos acusados 

El proceso oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño cuya ausencia ha fracturado la tranquilidad de la provincia de Corrientes y puesto en jaque la institucionalidad local, ha ingresado en una fase de alta sensibilidad política y jurídica. Tras el cierre de la segunda semana de audiencias, el debate no solo se concentra en el esclarecimiento de los hechos fácticos ocurridos en el paraje Algarrobal, sino que se ha desplazado hacia las intrincadas redes de poder y las sospechosas maniobras que rodearon la investigación inicial, sumergiendo al caso en una turbulencia política que parece no tener fin.

La actividad de esta semana en el estrado dejó en evidencia la fragilidad de las defensas y las contradicciones de aquellos involucrados en las denominadas "causas paralelas". El Tribunal Oral, compuesto por los jueces Federico Rossi Colombo, Pablo Núñez y Valeria López, escuchó el testimonio de dos de los acusados, cuyas palabras, lejos de brindar claridad, parecen haber profundizado el halo de misterio que rodea la desaparición del pequeño.

Alan Cañete fue el primero en romper el silencio. Su declaración estuvo marcada por la intención de desligarse de las acusaciones al invocar una legitimidad externa. Cañete aseguró ante los magistrados que su presencia en Corrientes obedecía a una misión de búsqueda, supuestamente autorizada por Ramón Dupuy —abuelo del niño asesinado Lucio Dupuy—, una figura que el acusado utilizó para intentar validar su estancia en el territorio correntino. Como prueba, presentó imágenes que buscarían acreditar una supuesta relación de confianza, intentando dotar a su relato de una pátina de solidaridad que, sin embargo, no despeja las dudas sobre el verdadero propósito de su labor en los días posteriores a la desaparición.

Por su parte, Valeria López, quien se presentó ante el estrado bajo el rótulo de técnica superior en psicopedagogía y operadora en violencia de género —aunque carece de los títulos habilitantes necesarios para el ejercicio legal de dichas profesiones—, optó por una estrategia de silencio selectivo. López decidió no someterse a las preguntas del Tribunal ni de las partes querellantes, limitándose a relatar su arribo a la provincia. Según su versión, fue convocada por Cañete para brindar tareas de "contención" a los menores alojados en el hotel Despertar del Iberá.

El testimonio de López dejó puntos oscuros en relación con el financiamiento de la logística: aseguró haber pagado su viaje de su propio bolsillo, con la promesa de un reembolso por parte de Cañete que, según ella, nunca se materializó. Este detalle, aparentemente trivial, alimenta las sospechas de los investigadores sobre quiénes fueron los verdaderos financiadores de los equipos que, tras la desaparición, desembarcaron en Corrientes bajo diversas excusas.

La segunda semana concluyó con una nota de incertidumbre, ya que otros implicados que inicialmente figuraban en la nómina de declarantes desistieron a último momento de prestar testimonio, optando por el silencio ante un Tribunal que rechazó, una tras otra, las nulidades presentadas por las defensas en un intento por debilitar la estructura acusatoria.

Mientras el Tribunal se prepara para recibir a los padres del menor el próximo 30 de junio una jornada que promete ser el punto de mayor carga emocional del proceso. A medida que avanza el juicio, la sensación que impera es que, para encontrar a Loan, primero hay que desmalezar una espesa red de intereses que, durante meses, ha intentado ocultar la realidad tras una fachada de declaraciones oficiales y maniobras de distracción. La verdad judicial, esquiva hasta ahora, parece depender de que el Tribunal logre separar, finalmente, la paja del trigo en este laberinto correntino.

La citación a Lilita Carrio, una pizca de política al proceso 

Mientras el banquillo de los acusados se debate entre el silencio y relatos poco convincentes, el juicio ha dado un giro inesperado con la citación de Elisa "Lilita" Carrió. La decisión del Tribunal de convocar a la exlíder de la Coalición Cívica, a pedido de Mónica Chirivín —abogada defensora de Laudelina Peña—, no es un hecho menor. La citación traslada el foco del debate hacia el centro de la política correntina y la gestión del entonces gobernador Gustavo Valdés.

El origen de este llamado reside en un intercambio ocurrido en la red social "X" (ex Twitter) hace casi un año, en el momento de mayor tensión mediática por el caso. A los 17 días de la desaparición de Loan, el gobernador Gustavo Valdés había publicado un mensaje triunfalista: "Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan". Aquella frase, que en su momento fue interpretada como una señal de inminente resolución, terminó convirtiéndose en un búmeran político.

Carrió, conocida por su estilo incisivo, respondió aquel posteo con una frase cargada de cinismo y sospecha: "A alguien había que quebrar". Esta afirmación es la que el Tribunal pretende que la ex legisladora ratifique o explique bajo juramento. Para la defensa de Laudelina Peña, la respuesta de Carrió no es una simple opinión, sino una posible clave para entender si hubo presiones indebidas, construcción de pruebas falsas o direccionamientos políticos dentro de la causa judicial para forzar una resolución rápida que descomprimiera el costo político para el gobierno provincial.