Cuando una región habla una sola voz
Las declaraciones políticas suelen despertar cierto escepticismo. No son leyes, no implican desembolsos inmediatos ni resuelven por sí mismas los problemas cotidianos. Sin embargo, hay ocasiones en que un pronunciamiento institucional adquiere un peso especial porque deja de ser el reclamo aislado de una provincia para convertirse en la demanda colectiva de toda una región. Eso acaba de ocurrir con Corrientes en el Parlamento del Norte Grande.
La aprobación unánime de tres iniciativas impulsadas por la delegación correntina representa mucho más que un gesto de solidaridad política. Significa que diez provincias del NEA y el NOA reconocen que las demandas de Corrientes no son caprichos locales, sino cuestiones de equidad federal que merecen ser atendidas por el Gobierno nacional.
El respaldo alcanza tres temas de enorme trascendencia. El primero es la necesidad de tarifas eléctricas más justas para una provincia que soporta temperaturas extremas durante buena parte del año y donde el consumo energético no responde únicamente a una cuestión de confort, sino también de calidad de vida y salud. La discusión sobre la energía dejó hace tiempo de ser exclusivamente económica para transformarse en un debate sobre igualdad de oportunidades entre las distintas regiones del país.
El segundo punto es el Corredor Belgrano y la incorporación de las avenidas Independencia, 3 de Abril y Pedro Ferré a la futura concesión vial. Son apenas seis kilómetros dentro del entramado urbano de la capital correntina, pero por allí circula buena parte del tránsito local, interprovincial e incluso internacional que conecta la Ruta Nacional Nº 12 con el Puente General Manuel Belgrano. Durante años la ciudad y la provincia afrontaron prácticamente en soledad el costo de mantener una infraestructura que presta un servicio mucho más amplio que el estrictamente municipal. Que el Norte Grande acompañe este planteo significa reconocer una inequidad que necesita corrección.
No menos importante resulta el respaldo al reclamo sobre la situación jurisdiccional de las aguas que rodean la Isla Apipé. Se trata de un conflicto histórico que trasciende los límites provinciales porque involucra la soberanía argentina y las relaciones con Paraguay. Insistir en una solución legislativa nacional implica buscar un camino institucional y definitivo para una controversia que periódicamente vuelve a generar tensiones.
A ello se suma un pronunciamiento que también merece atención: la declaración de emergencia vial para la región. El deterioro de las rutas nacionales se ha convertido en una preocupación compartida por todas las provincias del Norte Grande. No es solamente una cuestión de infraestructura. Está en juego la seguridad de quienes transitan, la competitividad de las economías regionales y la integración territorial de una extensa porción del país.
La presencia de representantes de Vialidad Nacional durante la reunión permitió además dimensionar que las dificultades no son exclusivas de una provincia. El diagnóstico es común y, precisamente por eso la búsqueda de soluciones también debe ser colectiva.
En tiempos en que la relación entre las provincias y el Gobierno nacional atraviesa permanentes tensiones por la distribución de recursos y las prioridades de inversión, la articulación regional adquiere un valor estratégico.
Para Corrientes, este respaldo representa un activo importante. Ninguno de los tres reclamos encontrará solución de un día para otro, pero todos ganan fuerza cuando dejan de ser una petición individual para convertirse en una causa compartida por una región de millones de habitantes. En el federalismo argentino, la capacidad de construir consensos suele ser tan importante como la solidez de los argumentos.
Para Corrientes, este respaldo representa un activo importante. Ninguno de los tres reclamos encontrará solución de un día para otro, pero todos ganan fuerza cuando dejan de ser una petición individual para convertirse en una causa compartida por una región de millones de habitantes.