Las cárceles federales atraviesan una crisis por hacinamiento y falta de información
Se denuncia sobrepoblación, malas condiciones de detención, aumento de reclamos y retrocesos en el acceso a derechos básicos.
El sistema penitenciario federal continúa enfrentando graves problemas estructurales que afectan las condiciones de detención y el respeto por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Así lo advirtió la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) en su informe anual, en el que alertó sobre el crecimiento de la población carcelaria, el hacinamiento, la falta de información pública y una serie de retrocesos normativos registrados durante el último año.
El documento, remitido a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del Congreso, sostiene que la sobrepoblación sigue siendo uno de los principales desafíos del sistema. A ello se suma el alojamiento de más de 2.300 personas en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, espacios transitorios que, según el organismo, no reúnen las condiciones mínimas exigidas por los estándares internacionales.
De acuerdo con los datos oficiales correspondientes a diciembre de 2025, el Servicio Penitenciario Federal albergaba a 12.152 personas detenidas. De ese total, el 91,9% son varones, el 7,8% mujeres y el 0,3% personas trans. Además, el 63% cumple una condena firme, mientras que el 37% permanece bajo prisión preventiva.
La PPN destacó que la población carcelaria mantiene una tendencia ascendente. En 2024 aumentó un 5,4% y durante 2025 volvió a crecer un 3,6%, incremento que no fue acompañado por una expansión suficiente de la infraestructura, pese a que el SPF informó la incorporación de 516 nuevas plazas.
Otro de los puntos señalados es la falta de transparencia en la difusión de información oficial. El organismo advirtió que dejaron de publicarse los datos desagregados por establecimiento penitenciario, por lo que la última información disponible corresponde a 2024, dificultando el seguimiento y control de las condiciones de alojamiento.
El informe también revela que durante 2025 se documentaron 332 casos de malos tratos en cárceles federales y otros centros de detención. Asimismo, se registraron 48 muertes bajo custodia, de las cuales 14 fueron violentas: seis por ahorcamiento, siete durante incendios y una por traumatismos.
En ese mismo período, la Procuración recibió 19.539 reclamos de personas privadas de la libertad. La mayoría estuvo relacionada con deficiencias en la atención sanitaria, problemas de hacinamiento, acceso al trabajo, dificultades para comunicarse con la defensa y obstáculos para acceder a la Justicia.
Frente a este escenario, el organismo promovió monitoreos permanentes en cárceles, comisarías y centros de detención, emitió recomendaciones para mejorar las condiciones de encierro e intervino en 45 hábeas corpus colectivos. Entre ellos figura una presentación contra la resolución que restringió el acceso a la educación superior de los internos, al limitar el funcionamiento de los centros de estudiantes y los espacios de estudio fuera del horario de cursada.
Para la Procuración Penitenciaria, el panorama refleja un sistema que continúa arrastrando problemas estructurales y que requiere medidas urgentes para garantizar condiciones de detención acordes con la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos.