Se confirmó la invalidez de la ordenanza que autoriza la construcción de un shopping
La Corte Provincial ratificó la inconstitucionalidad parcial de una norma municipal vinculada al proyecto impulsado por una firma privada para construir en la Playa Arazaty.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes confirmó un fallo judicial que declaró la inconstitucionalidad parcial de la Ordenanza Nº 6832/19, en lo referido a la autorización para construir un centro comercial en la playa pública Arazaty. La resolución también establece que la Municipalidad de Corrientes deberá elaborar un plan maestro para regular los paradores ubicados en ese sector de la costanera.
La causa se originó a partir de una acción promovida por la organización Defensores de Espacios Públicos Costeros de Corrientes, que cuestionó la legalidad de la normativa municipal mediante la cual se habilitaba el desarrollo comercial proyectado por la firma Hoco S.A., vinculada a Casinos del Litoral.
Con esta decisión, el STJ confirmó el criterio adoptado en instancias anteriores respecto de la autorización para el shopping, aunque mantuvo vigentes otros aspectos contemplados en la ordenanza. Además, determinó que el Municipio no podrá otorgar nuevos permisos para emprendimientos de características similares en la playa Arazaty mientras no se cumplan las exigencias previstas por la normativa urbanística y ambiental.
MIRADA SOBRE LOS PARADORES
Otro de los puntos centrales del fallo dispone que la Municipalidad deberá presentar, en un plazo de seis meses, un plan maestro para los paradores actualmente instalados sobre la playa pública. Ese instrumento deberá elaborarse con participación ciudadana, intervención del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) y contemplar criterios ambientales, así como pautas sobre la superficie destinada a las concesiones.
En su resolución, el Superior Tribunal también señala que la playa Arazaty posee carácter de uso público, condición que implica restricciones específicas para cualquier intervención o utilización del espacio. El fallo indica, además, que la aplicación de la sentencia estará vinculada al cumplimiento que realicen tanto el Municipio como la empresa involucrada, hasta tanto se regularice la situación dominial del predio.
El proceso judicial atravesó tres instancias. En primera se declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza respecto del proyecto comercial y se ordenó la elaboración de un plan para los paradores. Posteriormente, la Municipalidad apeló esa decisión y la Cámara confirmó únicamente la invalidez de la autorización para el shopping, manteniendo vigentes las restantes autorizaciones previstas en la normativa. Finalmente, el Superior Tribunal ratificó ese criterio.
Desde la organización Defensores de Espacios Públicos Costeros destacaron que la resolución judicial es el resultado de un proceso iniciado en 2019, durante el cual realizaron actividades de difusión, encuentros públicos, movilizaciones y presentaciones judiciales. Por su parte, la sentencia abre una nueva etapa en la que el Municipio deberá avanzar en la planificación del uso de la costa ribereña conforme a los lineamientos fijados por la Justicia.
DATO
El Superior Tribunal también señala que la playa Arazaty posee carácter de uso público, condición que implica restricciones específicas para cualquier intervención o utilización del espacio.