Matías Robledo: "No se trata de quitar niños, sino de protegerlos"

ROBLEDO EXPLICÓ PORQUÉ EL ESTADO PUEDE SEPARAR A UN NIÑO DE SU FAMILIA Y PIDIÓ EVITAR HABLAR DE "SECUESTROS" SIN PRUEBAS

Y TAMBIÉN

 

¿Qué es una medida de protección excepcional?  Se trata de una intervención prevista por la legislación de protección integral de niñas, niños y adolescentes que permite separar temporalmente a un menor de su entorno familiar cuando existe una situación de vulneración de derechos o riesgo para su integridad. Antes de disponerla, intervienen equipos técnicos especializados y, como primera alternativa, se busca que el niño permanezca al cuidado de familiares cercanos, como abuelos, tíos u otros referentes, antes de evaluar el ingreso a un hogar convivencial. 

 

Textual 

Matías Robledo  

Abogado 

"La responsabilidad parental es de ambos progenitores. No existe una regla que establezca que la madre siempre tiene más derechos" 

La denuncia pública de una familia que aseguró que el Estado le "quitó" a su bebé generó una fuerte conmoción en Corrientes. El caso, ocurrido en el barrio Molina Punta, derivó en manifestaciones de vecinos, cortes de calles y quema de cubiertas, mientras en redes sociales comenzaron a multiplicarse publicaciones que hablaban de un supuesto "secuestro" o "robo" del niño. La repercusión fue inmediata y el episodio volvió a poner en debate cómo actúa el sistema de protección de la niñez cuando considera que un menor se encuentra en una situación de riesgo.

En ese contexto, el asesor legal de la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia (Dipna), Matías Robledo, brindó precisiones sobre el procedimiento que se aplica en estos casos y llamó a la responsabilidad al momento de comunicar este tipo de situaciones, al advertir que muchas veces existe un profundo desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema de protección y sobre las razones que llevan al Estado a adoptar medidas excepcionales.

Según explicó, cuando una familia sostiene públicamente que "le robaron un hijo" o que "el Estado secuestró un bebé", se instala una idea que no sólo puede ser incorrecta desde el punto de vista jurídico, sino que además genera alarma social y puede activar mecanismos previstos para situaciones completamente distintas, como la desaparición de un menor.

"Hay mucha desinformación respecto de estos procedimientos. Generalmente se habla de que el Estado saca a los niños de sus familias, pero pocas veces se explica por qué ocurre, quién toma esa decisión y cuáles son los pasos previos. Eso genera confusión y también un juzgamiento público de casos muy sensibles", señaló.

Robledo recordó además que Corrientes atraviesa un momento particularmente delicado en materia de protección de la infancia debido al fuerte impacto social que produjo la desaparición de Loan Danilo Peña, una causa que continúa siendo investigada por la Justicia Federal. En ese sentido, consideró que cualquier denuncia vinculada con la posible sustracción de un niño debe ser tratada con extrema prudencia.

"Hablar de robo o secuestro de un niño es una acusación muy grave. No solamente instala una situación que puede no ser real, sino que también pone en marcha mecanismos judiciales y administrativos destinados a casos de desaparición de menores, como ocurre con la Alerta Sofía", explicó.

El funcionario aclaró que el caso de Molina Punta no respondía a un episodio de esas características, sino a una intervención del sistema provincial de protección de derechos.

Sin entrar en detalles específicos, debido a que la legislación establece la reserva de identidad y confidencialidad de todos los expedientes que involucran a niñas, niños y adolescentes, Robledo confirmó que existía una disposición adoptada por la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia, respaldada por antecedentes y en conocimiento de la Justicia.

Explicó que este tipo de decisiones nunca se toman de manera improvisada ni responden a una única denuncia, sino que forman parte de un proceso en el que intervienen trabajadores sociales, psicólogos, abogados y distintos organismos estatales que evalúan la situación familiar antes de adoptar cualquier medida excepcional.

"Cuando un niño es separado de su grupo familiar de origen es porque previamente existió una evaluación que determinó una situación concreta de vulnerabilidad o de peligro para ese niño. No es una decisión arbitraria ni mucho menos caprichosa", sostuvo.

El asesor legal explicó que el sistema de protección tiene como objetivo principal preservar el derecho del niño a crecer dentro de su familia y que, precisamente por eso, la separación del hogar constituye el último recurso disponible cuando todas las demás alternativas resultan insuficientes.

"Lo primero que se intenta siempre es trabajar con la familia. Se acompaña, se realizan intervenciones, se buscan soluciones para que el niño pueda permanecer en su entorno. Cuando eso no alcanza porque persisten situaciones de riesgo, se buscan alternativas dentro de la propia familia ampliada", detalló.

Esa búsqueda, indicó, prioriza a abuelos, tíos, primos u otros familiares que puedan asumir temporalmente el cuidado del menor. 

De esa manera, desmintió una de las creencias más extendidas alrededor de estos procedimientos: "No es cierto que automáticamente un niño sea llevado a un hogar convivencial o que se inicie un proceso de adopción. Ese es uno de los imaginarios más instalados en la sociedad y genera mucha angustia, pero no responde al funcionamiento real del sistema", afirmó.

En relación con el caso que motivó la polémica, Robledo confirmó que el bebé se encuentra actualmente bajo el cuidado de familiares.

"El niño está resguardado dentro de un contexto familiar ampliado. Esa situación era conocida por los progenitores y hubo acompañamiento de integrantes de la propia familia durante el procedimiento", señaló.

Reconoció, sin embargo, que muchas veces las familias experimentan una profunda desesperación frente a este tipo de intervenciones y que no siempre logran comprender inmediatamente las notificaciones administrativas o judiciales.

"Es entendible que una persona diga que no comprendió qué pasó o que nadie le explicó correctamente el procedimiento. Eso puede ocurrir. Pero una cosa es no entender una resolución y otra muy distinta es afirmar públicamente que hubo un robo de un niño", remarcó.

Durante la entrevista, Robledo también hizo referencia al trabajo conjunto que desarrollan el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en materia de protección de la infancia.

Explicó que existe una permanente articulación entre la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia y los juzgados de Familia, de modo que las decisiones adoptadas por uno de los organismos son informadas al otro, garantizando el control judicial de las medidas.

"No funcionan por separado. Cuando la Justicia dispone una medida, informa al Ejecutivo. Cuando la Dirección adopta una medida administrativa, también se comunica al Poder Judicial. Todo forma parte del mismo sistema de protección", explicó.

Obrar con responsabilidad

Finalmente, Robledo llamó a actuar con responsabilidad frente a la circulación de mensajes en redes sociales y grupos de WhatsApp que muchas veces presentan información parcial o directamente falsa.

Recordó que, ante cualquier duda sobre un caso de estas características, los ciudadanos pueden comunicarse con la comisaría correspondiente, llamar a la Línea 102 —destinada a la protección de niñas, niños y adolescentes—, concurrir a las oficinas de la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia o realizar consultas en los juzgados de Familia.

No obstante, aclaró que los expedientes vinculados con menores de edad están protegidos por estrictas normas de confidencialidad y que la información sólo puede ser conocida por las personas directamente involucradas o por quienes acrediten representación legal.

"La reserva existe justamente para proteger a los niños. No toda la información puede hacerse pública porque estamos hablando de personas menores de edad cuyos derechos deben ser preservados", concluyó.

Las declaraciones del asesor legal de la Dipna buscan aportar contexto a un caso que generó una fuerte repercusión pública y reabrió el debate sobre las intervenciones estatales en materia de protección de la infancia. Mientras la situación continúa bajo seguimiento de los organismos competentes, desde el área de Niñez insisten en que las medidas de separación del grupo familiar sólo se adoptan como último recurso y con el objetivo de resguardar la integridad y el interés superior de niñas, niños y adolescentes.