Anularon un sobreseimiento porque la víctima no fue escuchada antes de la decisión
El Tribunal de Revisión de la Primera Circunscripción Judicial, integrado por los doctores Mario Alberto Alegre, Diego Roberto Núñez Hüel y la doctora Karina Elizabeth Asselborn, concluyó de manera categórica que el principal defecto del procedimiento judicial bajo análisis fue que la víctima damnificada no fue escuchada de forma previa antes del dictado del sobreseimiento, pese a que el Código Procesal Penal de la provincia reconoce expresamente ese derecho fundamental cuando una decisión jurisdiccional implica de manera directa la extinción o la suspensión de la acción penal. De esta forma, los magistrados declararon la absoluta nulidad del sobreseimiento que había sido dictado originalmente en favor de un hombre imputado por el delito de lesiones graves, al considerar que durante todo el trámite procesal previo no se garantizó una participación activa y efectiva de la parte querellante o damnificada antes de adoptarse una medida tan drástica que ponía fin definitivo al proceso penal.
La impugnación formal que originó este pronunciamiento fue presentada de manera conjunta por la propia víctima junto a su abogado patrocinante, quienes cuestionaron con rigor técnico tanto la forma irregular en que fue notificada la resolución absolutoria como la falta absoluta de producción de diversas medidas probatorias que, a su criterio fundamentado, continuaban siendo sumamente necesarias para lograr el esclarecimiento total del hecho. Entre los agravios expuestos con mayor énfasis durante la apelación, también señalaron la omisión deliberada de testimonios considerados altamente relevantes para la causa y la ausencia de pericias técnicas vinculadas directamente a los elementos utilizados durante el episodio investigado. Al analizar el fondo del planteo jurídico, el Tribunal recordó con firmeza que los jueces se encuentran obligados a ejercer de manera rigurosa el denominado control de convencionalidad, aplicando sin excepciones los estándares internacionales fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece que las personas víctimas de delitos deben contar con amplias y reales posibilidades de intervenir activamente en el proceso, formular peticiones, aportar elementos de prueba y ser oídas con anterioridad a cualquier resolución que afecte la responsabilidad penal.
Los magistrados profundizaron minuciosamente en la interpretación sistemática de la normativa vigente, aclarando con precisión que aunque el artículo 290 del Código Procesal Penal menciona únicamente la notificación al querellante ante un pedido formal de sobreseimiento, dicha disposición normativa no puede leerse ni aplicarse de manera aislada o fragmentada. Por el contrario, señalaron que dicha manda legal debe articularse de forma armónica con las garantías constitucionales y procesales reconocidas en los artículos 12 y 99 inciso J del mismo cuerpo legal, evitando de este modo que aquellas víctimas que por diversos motivos no se constituyeron formalmente como querellantes queden relegadas a un papel pasivo o de meros espectadores dentro de un proceso que les concierne directamente. Sostener un criterio interpretativo distinto implicaría privar de manera injustificada a la parte afectada de su derecho sustancial a ser escuchada antes de una resolución de carácter definitivo. Por unanimidad de votos, el Tribunal de Revisión hizo lugar formalmente a la impugnación deducida, declaró la nulidad absoluta del fallo recurrido y ordenó que se corra vista inmediata a la víctima del dictamen fiscal para que pueda ejercer plenamente sus derechos.