Femicidios en 2026: una víctima cada 33 horas y fuerte reclamo de emergencia

LA PROBLEMÁTICA FUE UNO DE LOS EJES FUNDAMENTALES DEL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES REALIZADO EN CORRIENTES EN 2025.  

El Observatorio Nacional MuMaLá "Mujeres, Disidencias, Derechos" difundió un nuevo y alarmante informe estadístico sobre las formas más extremas de violencia de género perpetradas en todo el territorio de la República Argentina, advirtiendo que, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2026 se registraron un total de 153 femicidios, lo que equivale trágicamente a un asesinato por razones de género cada 33 horas. El relevamiento detallado expone con crudeza que la problemática estructural vinculada a la violencia machista no muestra signos de mejora en el país, evidenciando el desamparo institucional y la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran miles de mujeres y disidencias frente al desfinanciamiento de las políticas públicas de prevención, asistencia y abordaje integral. 

Del universo total de casos contabilizados durante los primeros siete meses del corriente año, el informe oficial especificó la existencia de 112 femicidios directos, 10 femicidios vinculados de niños o varones, 3 femicidios vinculados de niñas o mujeres, 5 trans/travesticidios, 14 feminicidios perpetrados en contextos específicos de narcotráfico y crimen organizado, y 9 suicidios feminicidas, a los que se suman 556 intentos de femicidio que por fortuna no lograron a consumarse gracias a la intervención de terceros o a la asistencia médica de urgencia.

El análisis federal de los datos desagregados permite observar con claridad cuáles son las regiones más golpeadas por esta problemática endémica. La provincia de Buenos Aires encabeza holgadamente el registro nominal con 58 víctimas fatales, seguida de cerca por la provincia de Santa Fe, que contabilizó 27 crímenes de odio. Más atrás en la estadística se ubican los distritos de Santiago del Estero con 9 casos, Córdoba con 8, Misiones con 7, Mendoza con 6 y Salta con 6. Sin embargo, al medir las tasas provinciales en relación con la densidad demográfica y la cantidad de habitantes, el mapa del femicidios muestra que las jurisdicciones de Santiago del Estero (1,7), Catamarca (1,4), Santa Fe (1,3) y San Luis (1,1) presentan las tasas más elevadas del país, superando holgadamente la media nacional fijada en 0,6 feminicidios por cada 100.000 mujeres. En cuanto al perfil etario de las víctimas mortales, el informe arrojó que la edad promedio se ubica en los 39 años, registrándose además que 16 de las personas asesinadas eran niñas y adolescentes, mientras que otras 16 víctimas fatales eran adultas mayores que superaban los 60 años de edad al momento de perpetrarse el hecho criminal.

Un dato revelador y sumamente preocupante que arroja el informe de MuMaLá apunta al vínculo asimétrico entre la víctima y el victimario, ratificando que el hogar continúa consolidándose como el espacio físico más inseguro e intimidante para las mujeres: el 67% de los femicidios se cometieron en el interior de la vivienda de la víctima o en el domicilio compartido con el agresor. En este sentido, el 60% de los femicidios fue cometido por parejas, exparejas o familiares directos; un 11% por sicarios o bandas mafiosas asociadas al crimen organizado; otro 11% por hombres conocidos del entorno cotidiano como vecinos, amigos o compañeros de trabajo; un 6% por atacantes desconocidos, mientras que en un 12% de los expedientes aún no se cuenta con datos fehacientes para cotejar el vínculo. 

Paralelamente, el informe expone la profunda falla sistémica del Estado al señalar que apenas el 9% de las mujeres asesinadas había realizado denuncias previas contra sus agresores. Lejos de constituir un reflejo de falsas denuncias, las referentes del observatorio enfatizaron que faltan denuncias como consecuencia directa de la ausencia de políticas públicas de difusión, sensibilización y asistencia, sumado a que el sistema judicial y las fuerzas de seguridad fallaron por omisión: el 75% de aquellas pocas mujeres que sí se habían animado a denunciar ya contaba con una orden judicial de restricción o medida perimetral vigente que el Estado no supo ni quiso hacer cumplir.

Radiografía de la desprotección estatal

Del informe presentado por la organización no gubernamental se desprende que el 67% de los femicidios ocurrieron en el hogar de la víctima y el 60% de los agresores fueron parejas o familiares. Como consecuencia directa y devastadora de estos crímenes aberrantes, un total de 109 niños, niñas y adolescentes quedaron completamente huérfanos de madre en todo el país, enfrentando un contexto de violencia familiar e institucional severamente irresuelto. Ante este panorama, desde MuMaLá exigieron formalmente al Gobierno Nacional la urgente Declaración de Emergencia en Violencias de Género.

Femicidios vinculados al narcotráfico y el impacto en las infancias

El informe no solo expone las formas tradicionales de violencia machista ejercida en el ámbito doméstico, sino que visibiliza de manera contundente la preocupante mutación de las violencias extremas hacia contextos delictivos complejos. Entre las 153 víctimas fatales registradas en lo que va del año, el relevamiento contabilizó 14 feminicidios perpetrados explícitamente en contextos de narcotráfico y crimen organizado, una modalidad delictiva en franco ascenso que suele utilizar los cuerpos de las mujeres como territorio de ajuste de cuentas, mensajes mafiosos o eslabones de redes de comercialización ilegal de sustancias. Esta faceta criminal se enlaza directamente con el accionar de bandas armadas y sicarios, responsables del 11% de los homicidios totales según el desagregado de vínculos elaborado por las organizaciones sociales.

En paralelo, la dimensión humanitaria y social del femicidio deja una secuela irreparable en las estructuras familiares a través de las infancias y adolescencias desprotegidas. Los 109 chicos y chicas que perdieron a sus madres víctimas de la violencia machista en los primeros siete meses del año enfrentan un escenario de desamparo institucional crítico, donde la asistencia psicológica estatal, los subsidios de reparación económica -como la Ley Brisa- y los dispositivos de contención socioemocional suelen llegar tarde o carecer del presupuesto necesario para garantizar un desarrollo integral. 

Desde las organizaciones territoriales advierten que la falta de estadísticas oficiales unificadas y de políticas preventivas en las escuelas profundiza la vulnerabilidad de los menores, convirtiéndolos en víctimas colaterales invisibilizadas de una problemática estructural que continúa cobrándose una vida cada 33 horas en la Argentina.