Secundaria: inclusión y deuda pendiente

La escuela secundaria argentina enfrenta una paradoja que ya no admite lecturas complacientes. Cada vez más jóvenes logran completar sus estudios, pero el país todavía está lejos de los mejores registros de la región y, sobre todo, las posibilidades de llegar al título siguen dependiendo demasiado del lugar social en el que cada estudiante nace.
El informe "Terminalidad de la secundaria en América Latina", elaborado por especialistas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y Argentinos por la Educación, aporta una fotografía que obliga a mirar más allá de los discursos. En 2024, el 74,6% de los jóvenes argentinos de entre 19 y 24 años había terminado la secundaria. Es una mejora importante respecto de 2014, cuando el porcentaje era del 61,9%. En una década se sumaron 12,7 puntos porcentuales, pero el avance no alcanza para ocultar que Argentina ocupa el quinto lugar entre nueve países analizados, detrás de Perú, Chile, Ecuador y Colombia.
El problema más profundo aparece cuando se observa quiénes llegan y quiénes quedan en el camino. Entre los jóvenes del quintil de menores ingresos, apenas el 59,6% completó la secundaria en 2024. En el quintil de mayores ingresos, el porcentaje trepó al 92%. Son 32,4 puntos de diferencia. La brecha, es cierto, se redujo respecto de 2014, cuando alcanzaba 44,8 puntos, pero continúa siendo demasiado grande para una sociedad que pretende que la educación sea una herramienta efectiva de igualdad.
Hay, además, otra pregunta que no puede ser esquivada: terminar la secundaria, ¿significa necesariamente haber aprendido lo necesario? Una de las especialistas citadas en el informe plantea justamente el riesgo de las "certificaciones que no certifican". La terminalidad es un indicador imprescindible, pero no suficiente. Una escuela que retiene a sus alumnos hasta el último año y entrega un título sin garantizar aprendizajes sólidos tampoco cumple plenamente con su misión.
En este contexto adquieren particular relevancia las palabras de la ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, durante el aniversario del Colegio General San Martín el viernes pasado. Al destacar que la institución es una escuela "viva", que acompaña a sus estudiantes, escucha a las familias y responde a los desafíos de cada tiempo, la funcionaria puso en palabras una idea que debería atravesar cualquier política educativa: no alcanza con abrir las puertas de la escuela; hay que sostener a quienes están dentro.
Miño también habló de una educación cercana, humana y para todos, y afirmó que el compromiso oficial supone acompañar a cada comunidad educativa, fortalecer las escuelas y escuchar sus necesidades para que cada estudiante tenga más oportunidades de aprender y construir su proyecto de vida. Es una definición valiosa, pero justamente por eso debe ser medida en los resultados concretos. La cercanía no puede quedarse en una consigna institucional: debe traducirse en equipos suficientes, docentes respaldados, tutorías, becas, infraestructura y políticas capaces de detectar a tiempo a quienes están en riesgo de abandonar.
El informe ofrece un dato alentador: la terminalidad creció en todos los sectores sociales y el avance fue mayor entre los jóvenes de menores ingresos. Eso demuestra que las políticas educativas pueden modificar trayectorias, pero también confirma que no existe espacio para la autocomplacencia. Si casi nueve de cada diez jóvenes de los hogares de mayores ingresos terminan la secundaria y solo seis de cada diez de los sectores más pobres lo consiguen, la desigualdad sigue entrando todos los días por la puerta de la escuela.
La educación secundaria necesita continuidad de políticas y una mirada centrada en el estudiante concreto, con su historia familiar, sus dificultades y sus capacidades, sin bajar las expectativas sobre lo que puede aprender. También necesita recuperar una alianza imprescindible entre escuela, familia y comunidad.